Las empresas de Economía Social aportan cerca de 4.000 millones de euros anuales a la cohesión social y territorial española, según un estudio realizado por la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES).
El documento precisa que este tipo de empresas generan unos beneficios directos de 2.845 millones de euros anuales que provienen de las rentas netas generadas y percibidas por familias, empresas y administraciones públicas.
Por su parte, los beneficios indirectos a la cohesión social --correspondientes al gasto que no se ha realizado gracias al comportamiento diferencial de las empresas de economía social-- se cifran en 560 millones de euros anuales. Así, los beneficios totales, tanto directos como indirectos, ascienden a 3.405 millones de euros anuales.
Respecto a la cohesión territorial, los resultados indican que los beneficios directos se elevan a 393 millones de euros, en su mayoría, rentas salariales netas de los trabajadores mientras que el resto corresponde a la recaudación fiscal por IRPF y por cuotas a la Seguridad Social.
A estas cifras hay que sumar 132 millones de euros en beneficios indirectos, correspondientes al ahorro de prestaciones contributivas y asistenciales ligadas a las situaciones de desempleo. Por lo tanto, los beneficios totales correspondientes al eje de cohesión territorial se cifran en unos 525 millones de euros anuales.
El sector de la Economía Social se compone por más de 45.000 empresas, 2.350.000 empleos y una facturación que ronda los 100.000 millones de euros. En el estudio de CEPES, denominado 'El impacto socioeconómico de los principios de las empresas de economía social', se han analizado alrededor de 6.400 empresas y más de 15.000 trabajadores.
PERDIDA DE 160.000 EMPLEOS
A raíz de estos resultados, Abay Analistas Económicos y Sociales ha realizado una simulación sobre la situación existente en el que caso de que las empresas de Economía Social "perdieran sus principios" y pasaran a comportarse como empresas ordinarias.
En este sentido, el estudio vaticina que cerca de 158.000 trabajadores de algún colectivo con dificultad de acceso a la ocupación perderían su empleo. Además, alrededor de 6.800 trabajadores se verían obligados a cambiar su jornada completa actual por una jornada parcial no deseada y cerca de 156.000 trabajadores verían reducido su salario.
Asimismo, más de 4.100 empleados pertenecientes a colectivos menos representados (como mayores de 55 años, personas con discapacidad o mujeres) dejarían de ocupar estos puestos mientras que desaparecerían en torno a 1.000 empresas que actualmente prestan servicios para personas mayores y personas con discapacidad y cerca de 2.500 empresas del ámbito de la educación y otros servicios sociales.
Por último, se perderían unos 59.000 puestos de trabajo en las zonas rurales y la población residente en estas zonas probablemente se reduciría en unas 102.000 personas.
Por ello, el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, ha señalado en un comunicado que la Ley 5/2011 de Economía Social "va a contribuir sin duda alguna a visualizar este modelo de empresa, cuyas características y principios de funcionamiento, si bien se han analizado ampliamente desde diferentes disciplinas, ha sido difícil traducirlos a efectos cuantificables y valorables".