Los niños españoles podrán denunciar ante la ONU las vulneraciones de sus derechos fundamentales a partir del lunes

En concreto, el protocolo proporciona los cauces para presentar denuncias por vulneraciones de los derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, el Protocolo Facultativo relativo a los niños en los conflictos armados y el Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

Además, deberán cumplirse ciertos requisitos: haber agotado la vía judicial en España sin que se haya obtenido una solución, que se haya prolongado injustificadamente la tramitación de las denuncias y que se considere improbable que una solución legal logre la reparación de los derechos del niño.

Los niños podrán presentar sus denuncias a título individual o como grupo, en soledad o delegando en un representante, que deberá contar con el consentimiento expreso de los mismos. Asimismo, se abre la posibilidad de que unos gobiernos denuncien a otros y de que terceras personas o entidades acudan al Comité para trasladarle una investigación cuando las violaciones de derechos sean sistemáticas.

El Comité de los Derechos del Niño, supervisor del Protocolo y receptor de las denuncias, podrá articular fórmulas para proteger a los denunciantes frente a cualquier posible represalia, solicitando al Estado que adopte medidas provisionales para salvaguardar al niño o grupo de niños afectados. En el caso de que llegue a la conclusión de que el Estado ha violado la Convención, estará obligado a aplicar las recomendaciones que le haya realizado el Comité.

Para la Plataforma de Infancia, coalición española que integra 53 organizaciones, se trata de un "avance significativo" porque si bien la Convención de los Derechos del Niño es "el instrumento de Derechos Humanos más ratificado de Naciones Unidas, ha sido el último en contar con un procedimiento de denuncias".

"Este paso sitúa a niños y niñas como ciudadanos titulares de sus derechos para buscar la reparación a las situaciones de vulneración en las que se encuentren involucrados", destaca el vicepresidente de la Plataforma, Adolfo Lacuesta Antón.

Con la entrada en vigor, España tiene el deber de dar a conocer a sus ciudadanos que existe esa posibilidad, para que puedan recurrir a esta herramienta jurídica internacional en caso de ver vulnerados los derechos de la infancia y no encontrar reparación.