La norma, que ya ha sido pactada con los Gobiernos de la UE pero todavía debe ser votada en el pleno de la Eurocámara de aquí a finales de año, actualiza el denominado reglamento Dublín, que fija los criterios para determinar qué Estado miembro es responsable de examinar una solicitud de asilo.
El objetivo es evitar que los demandantes elijan según mejor les convenga el Estado miembro donde presentar la solicitud o impedir que sean enviados de un país a otro sin que ninguno acepte responsabilidad. Normalmente, el país responsable es el primero de la UE en el que entra el demandante.
La norma apuesta por la solidaridad entre los Estados miembros e introduce un mecanismo de alerta temprana y gestión de crisis para corregir posibles disfunciones en los sistemas nacionales de asilo o problemas derivados de presiones migratorias. Los países afectados estarán obligados a poner en marcha un plan de gestión de crisis en tres meses.
El acuerdo reconoce a los demandantes de asilo el derecho a una entrevista personal para ayudar a determinar qué Estado miembro es responsable de procesar su petición. Los países de la UE estarán obligados a proporcionarles asistencia legal en caso de revisión de una decisión de transferencia, excepto si un tribunal decide que no tiene posibilidades de éxito.
A los menores no acompañados en la UE se les reconoce el derecho a reunirse con los abuelos, hermanos o tíos que vivan allí.
Los demandantes de asilo podrán apelar contra la decisión de deportarlos a otro Estado miembro y la decisión deberá suspenderse hasta que se conozca la sentencia.
Como regla general, la nueva norma introducirá un único motivo para la detención de un demandante de asilo, la existencia de un riesgo significativo de fuga, y limitará el periodo máximo de detención a 3 meses.