Concretamente, durante la reunión se analizarán las experiencias privatizadoras en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, haciendo especial hincapié en los inconvenientes y ventajas que tiene la aplicación de estos modelos en la salud de los ciudadanos.
De hecho, este jueves, el portavoz de la FADSP presentó un informe 'La privatización de la sanidad pública y estrategia para defender el derecho a la salud', en el que denuncia que las comunidades que más procesos de privatización están llevando a cabo son las gobernadas por el PP, excepto Cataluña, donde gobierna CiU.
En concreto, según señala el estudio, esta comunidad ha sido la región "pionera" en la concertación con el sector privado, desarrollando "múltiples" fórmulas de gestión y provisión de servicios sanitarios y poniendo en práctica un proceso de "fragmentación" del Instituto Catalán de la Salud (ICS), concediendo autonomía de gestión a los hospitales y centros de Atención Primaria, y "externalizando" gran parte de sus servicios.
Asimismo, la FADSP señala en el escrito que la Comunidad Valencia ha sido también pionera en el desarrollo de la privatización, dado que fue la primera en recurrir a la financiación, gestión y provisión de los servicios sanitarios utilizando la figura jurídica de Obra Pública, para "levantar" nuevos hospitales. "Los sobrecostes de la financiación privada han llevado a esta comunidad a la bancarrota, según ha denunciado ya la Sindicatura de Cuentas", ha comentado.
LA "VORÁGINE PRIVATIZADORA" DE LA COMUNIDAD DE MADRID
En el caso de la Comunidad de Madrid, el informe de la FADSP denuncia la "vorágine privatizadora" en la que está inmerso el Ejecutivo que, desde un primer momento, ha incluido, entre otras medidas, la financiación y gestión privada de siete hospitales, la concesión a otros tres de la atención y la gestión, la privatización de los laboratorios y su adjudicación a una empresa privada, así como la adjudicación a un hospital privado --la Fundación Jiménez Díaz-- de la atención especializada de 400.000 habitantes mediante un concierto "singular muy favorable a los intereses de la misma".
En relación a las medidas adoptadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por María Dolores de Cospedal, critica que pretenda sacar a licitación la gestión integral de cuatro hospitales públicos, y haya paralizado la construcción del Hospital General Universitario de Toledo por conflictos de intereses, "nada claros", con constructoras.
Asimismo, en Galicia, la Xunta ha privatizado servicios "estratégicos" como la Central de Llamadas, la Plataforma Informática, la Central de Compras, el sistema de archivos, o la provisión, gestión y control de los recursos de alta tecnología. En Murcia, se ha reducido el presupuesto en Sanidad por segundo año consecutivo en un 24 por ciento y se ha comenzado un plan de derivación de pruebas diagnósticas y de intervenciones quirúrgicas a hospitales privados concertados.
Por otra parte, el informe destaca que con la llegada del PP a Aragón las dinámicas de privatización y recortes "se han acentuado" y que es la comunidad que aplica con "más rigor" el Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), puesto en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Además, señala que Baleares, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Extremadura y Canarias también están llevando a cabo sucesos procesos de privatización que "perjudican" al 99 por ciento de la población y "sólo benefician" a un uno por ciento.
Por último, el estudio muestra que en Andalucía la privatización "no se ha visto agravada" sino que se ha reducido en lo que respecta a la "externalización" de pruebas diagnósticas y conciertos "singulares" quirúrgicos y autoconciertos. No obstante, avisa de que en esta comunidad, presidida por el PSOE, se están produciendo recortes en los presupuestos sanitarios que "penalizan" especialmente a las plantillas de trabajadores.