En un comunicado, esta organización señala la oportunidad de garantizar que nadie sea escolarizado contra su voluntad o la de su familia en la educación especial; asegurar que existan criterios no discriminatorios en la admisión del alumnado; y formar al profesorado en la discapacidad y la atención a la diversidad.
Desde FEAPS afirman que en el proyecto de ley no se cumple con la obligación que tiene España de adaptar la legislación española a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y recuerdan que el Comité Internacional de la ONU de seguimiento de la Convención concluyó en su informe los cambios que deben afrontarse en el sistema educativo para cumplir con la misma. "Esto en un momento de recortes provoca un retroceso", alertan.
Según esta organización, el proyecto mantiene lo establecido en la legislación anterior sobre la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, que depende de que los propios centros ordinarios consideren si pueden o no atender estas necesidades especiales.
FEAPS solicita también la eliminación de la posibilidad de que los centros puedan priorizar el criterio del rendimiento académico en sus solicitudes de admisión de alumnos, un aspecto que puede suponer hasta un 20 por ciento de la puntuación.