Así lo ha manifestado en la tercera jornada de la vista pública que ha finalizado hoy en el Tribunal Supremo para estudiar los recursos contra la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó en 2007 a 47 de los 52 acusados en este "macrojuicio" a penas que suman 525 años de cárcel.
El fiscal Juan Ignacio Campos ha pedido la absolución de Mikel Aznar, Olatz Altuna, Sabino Ormazabal, Mario Zubiaga, Alberto Frías y Fernando Olalde (de la Fundación Joxemi Zumalabe y condenados los cinco primeros a 9 años de cárcel y el sexto a 10 años) y ha dicho que puede que los hechos cometidos por Natale Landa -condenada a 11 años- y Mikel Zuluaga -condenado a 10 años- no tengan la entidad suficiente para merecer una pena.
La Fiscalía inicialmente pedía una rebaja de penas para 33 de los condenados y la absolución de 5, pero ha modificado su petición, ha dicho el fiscal, tras releer la sentencia.
En concreto, ahora el Ministerio Público ha pedido reducciones de tres años de pena para doce de los condenados y de dos años para otros 18 al estimar que "dichas penas son más acordes con los delitos cometidos" y ha impugnado el recurso de 9, entre ellos el ex dirigente de KAS, Xavier Alegría, condenado a 18 años de prisión, y del abogado Txema Matanzas, a 14 años.
Campos ha hecho hincapié en que las organizaciones del entorno de ETA son terroristas, están incardinadas en la entidad terrorista y "debe ser conceptuado como tal, aunque no se ocupen de la realización de actos de esta clase".
"Cualquier organización -ha dicho- necesita funcionar en esta sociedad con varias patitas o personas que se ocupen de los distintos departamentos que la configuran".
Según ha dicho, la sentencia de la Audiencia Nacional vulnera el principio de proporcionalidad de las penas porque "en todos los casos se fue al máximo de la pena posible" sin una justificación.
A su juicio, el aspecto más delicado de la sentencia recurrida, que "tiene problemas técnicos importantes", es el relativo a la Fundación Joxemi Zumalabe, que según la resolución de la Audiencia Nacional, "estaba llamada a desarrollar la desobediencia civil como otra forma de lucha impulsada por ETA".
Campos ha recordado que esta fundación se creó en 1995 para prestar ayuda a los movimientos populares del País Vasco y "es verdad que cumple estos objetivos".
Además, ha dicho que si no ha sido acordada la disolución de la citada fundación "no es tan peligrosa como castigar a sus miembros".
En la vista pública también han intervenido el fiscal Rafael Escobar, quien ha asegurado que no es cierto que los peritos que declararon en el juicio fueran parciales como han alegado las defensas.
Por su parte, la fiscal Pilar Martín Nágera ha hecho hincapié en que no han prescrito los delitos contables y de alzamiento de bienes por los que han sido condenados varios de los acusados.
El abogado de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Emilio Murcia, ha reclamado al Alto Tribunal que confirme las condenas a los acusados y ha indicado que no comparte la tesis de las defensas de que sólo puedan considerarse como terroristas los actos violentos.