La recomendación del Pacto de Toledo “no debería traducirse en medidas legislativas que no formen parte de un pacto integral. Un ajusto ‘ad hoc’ de las prestaciones podría hacer peligrar la sostenibilidad financiera del sistema”, aseguran los técnicos del FMI. En concreto, calculan que la vinculación de las pensiones añadiría un coste aproximado de entre un 3 y un 4% del PIB al desembolso por pensiones de aquí a 2050.
Para poder llevarlo a cabo, este aumento tendría que ser “contrarrestado” por otras medidas estructurales entre las que destacan el incremento de la cotización mínima para los trabajadores autónomos y de los ingresos máximos sujetos a cotización, así como vincular la edad legal de jubilación a la esperanza de vida.
El FMI añade que de cara al futuro, el envejecimiento de la población implica que el sistema de pensiones se enfrentará al reto de que menos cotizantes tendrán que financiar a un número creciente de jubilados. “Las reformas pasadas respondieron con medidas apropiadas desde el punto de vista financiero para aliviar la presión sobre el sistema de pensiones, pero la reducción esperada en las prestaciones futuras ha puesto en tela de juicio la aceptación social de las reformas”, aseguran.
Riesgo para España
La jefa de la misión para España del FMI, Andrea Schaechter, ha subrayado que las discusiones del organismo internacional con el Gobierno se han centrado en tres riesgos: la deuda, el empleo y la menor productividad, por lo que cualquier reforma del sistema de pensiones tendría que tener en cuenta esos retos.
“La sociedad española se encuentra en una situación desafiante, al igual que cualquier otra con una sociedad envejecida en la que menos contribuyentes financian a más pensionistas”, ha asegurado en la rueda de prensa en la que ha presentado las conclusiones de su revisión anual de la economía española.