Así, ha explicado que además de la auditoría se ha creado una comisión de trabajo mixta, en la que participan representante de los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el de Hacienda, para investigar las actuaciones de la contratación de la sociedad Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED). Esta comisión se constituyó el 27 de enero.
En declaraciones a 13TV recogidas por Europa Press, García Tejerina ha añadido que también ha solicitado a los servicios jurídicos de la Abogacía del Estado que se personen como acusación particular.
Además, en el marco de estas actuaciones, ha añadido que se está revisando "todo" lo que se ha contratado con la empresa bajo sospecha, FCC, en la 'Operación Frontino' por pactar una presunta indemnización de 40 millones de euros de compensación por los daños ocasionados en la desaladora de Bajo Almanzora (Almería).
"Se está revisando todo lo que se ha contratado con la empresa (FCC) desde 2012, sea lo que sea. Todo lo vamos a revisar y nuestra obligación es ayudar a la justicia", ha reiterado.
Respecto a la posibilidad de que puedan aparecer nuevos casos, la ministra dice que "nada se puede saber" de momento porque hay secreto de sumario y porque los detenidos son de la empresa.
De este modo, ha reiterado que, por su parte procedió a cesar inmediatamente al director general de Acuamed, Arcadio Mateo, por "pérdida de confianza absoluta", ya que cree que la presunción de inocencia está "muy bien para lo judicial".
A este respecto, ha insistido en que el caso de Acuamed "no le ha afectado a nadie del Ministerio", sino de la sociedad estatal, y que la decisión del que fuera secretario de Estado de Medio Ambiente Federico Ramos, que ocupaba en los últimos meses la Subsecretaría de Presidencia, es de carácter "personal" porque "nadie" le ha llamado siquiera a declarar. "No está afectado por el caso", ha defendido.
POLÍTICA DEL AGUA
La ministra ha defendido la política de agua realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy porque "todo estaba sin hacer" en 2012 y sin ordenar de forma que España ha vivido "sin la regulación de los ríos" y sin infraestructuras necesarias para la gestión hídrica, para el medio ambiente, para los regante y para los ciudadanos.
En total, ha resumido que el conjunto de los planes hidrológicos de cuenca aprobados suman más de 10.000 medidas a las que se destinarán más de 17.500 millones de euros que se han pactado "dialogando mucho" porque el agua es "para llevar riqueza y no hacer guerras con ella".
En este contexto, ha advertido a Cataluña de que "con el PP en el Gobierno" no podrá anular la parte del plan de cuenca del Ebro porque la competencia es Estatal.
Sobre esta cuestión, ha lamentado que el gobierno autonómico está provocando un "frente" entre los regantes catalanes de la parte norte del Ebro y los del sur y asegura que el caudal ecológico en la parte baja de este río es un 55 por ciento superior a lo que pedía el expresidente autonómico Artur Mas a quien acusa de "abrir un frente entre regantes catalanes y regantes catalanes".