A finales de julio, la Generalitat le hizo saber por carta que ya no tenía derecho a percibir el montante de la pensión, y le reclamó las pagas correspondientes a los meses de junio y julio, ha avanzado Cadena Ser.
Según la emisora, el marido cobra una pensión de 570 euros y debe hacer frente a un alquiler de 215 euros mensuales, más el resto de gastos.
LEY DE 2006
El Gobierno catalán se ampara en una ley de 2006 aprobada por el tripartito según la cual una persona que reside en un centro sanitario o una residencia, siempre que sean públicos, no tiene derecho a cobrar una pensión no contributiva porque la persona ya recibe atenciones en ese centro, han señalado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Bienestar Social y Familia.
El Defensor del Paciente ha pedido a la administración que dé marcha atrás en esta decisión, que tacha de "cruel", y ha reclamado a la Fiscalía que actúe ante un presunto delito contra una persona enferma e indefensa.