Tanto desde Giahsa como desde MAS han dejado constancia en un comunicado que "en ningún momento la Fiscalía se ha puesto en contacto con ninguna de estas entidades, ni ha notificado ningún tipo de actuación ni ha requerido información alguna al respecto".
En cualquier caso, aseguran que es "completamente incierto que Giahsa haya repartido fondos ni a partidos políticos, ni a organizaciones empresariales ni a sindicatos".
Del mismo modo, manifiestan que estas entidades "han actuado siempre con absoluta observación de la legalidad, sometiendo todos sus acuerdos a la aprobación de sus órganos de gobierno y procesos de información pública, que marca la ley, que es mucho más estricta en la esfera pública que en la privada".
Frente a "este intento de criminalizar su gestión", la Mancomunidad de Servicios defiende que su actuación sobre este particular es la que establece la ley, es decir, "la misma que el resto de las administraciones públicas, que en sus presupuestos establecen la dotación necesaria para el buen funcionamiento de la entidad", entre ellos la retribución de sus funcionarios, de sus cargos representativos y la asignación a los grupos políticos, que en la MAS "representan a más de 400 concejales elegidos democráticamente en sus 65 municipios".