"El Convenio tiene por objeto establecer un marco común europeo y mundial que reconozca la necesidad de los menores de mantener relaciones personales, no solo con sus padres, sino también con otras personas relacionadas con ellos por vínculos familiares, en atención a la importancia para los padres y otros familiares de seguir en contacto con ellos, siempre que se preserve el interés superior de los menores", explica el Gobierno.
Asimismo, señala que este convenio da respuesta a la necesidad, en el caso de que los menores y los padres y otras personas con vínculos familiares con los menores tengan su domicilio en Estados diferentes, de "alentar a las autoridades judiciales a que permitan con mayor frecuencia las visitas transfronterizas" y de "aumentar la confianza de todos los interesados en que los menores serán devueltos al finalizar dichas visitas transfronterizas, ofreciendo medidas de protección eficaces y las garantías suplementarias necesarias".
El texto recoge los principios generales que deben aplicarse en las resoluciones relativas a las relaciones personales por parte de las autoridades judiciales, que afectan a las relaciones personales entre un menor y sus padres, y entre un menor y otras personas distintas a sus padres.
También concierne al derecho del menor a ser informado y consultado y a expresar su opinión; a la solución de conflictos en materia de relaciones personales; a la aplicación efectiva de decisiones relativas a las relaciones personales, y a las medidas de protección y garantías que deben adoptarse con respecto a las mismas.
El Ejecutivo explica que este convenio contempla medidas destinadas a promover y mejorar las relaciones personales transfronterizas y su aplicación facilitará la cooperación internacional, el reconocimiento y ejecución de decisiones referentes a las relaciones personales transfronterizas, y el regreso del menor una vez finalizadas las relaciones personales transfronterizas.
Por último, indica que la mayor parte de comunidades autónomas, competentes en esta materia, han aprobado en estos últimos años algunas leyes y decretos que recogen los principios de este convenio, y cuentan ya con una red de Puntos de Encuentro Familiar, muchos de los cuales están cofinanciados por el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad.
El Gobierno sostiene que también han aprobado leyes específicas de mediación, por lo que, a su juicio, "están en condiciones de ofrecer los medios necesarios para poner en práctica este método de resolución de conflictos sobre relaciones y cumpliendo, así, con las obligaciones derivadas del Convenio".