En esta jornada continuaron las críticas políticas y sindicales contra la medida adoptada por el Gobierno, al tiempo que menguaron las colas y las protestas en los aeropuertos españoles, mientras que los afectados se organizaban para reclamar sus derechos.
El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, declaró hoy a la cadena Cope que la situación generada por el paro de los controladores tenía que ser afrontada con la imposición del Estado de Alarma y concluyó que "quien echa un pulso al Estado, lo pierde".
Añadió que "había que hacerlo" -declarar el Estado de Alarma- porque "no puede ser que periódicamente se eche un pulso al Estado sin que el Estado responda".
El vicepresidente negó que se hubiera obligado a los controladores a trabajar a punta de pistola y comentó que la "irresponsabilidad" y la "tropelía" de los controladores "no les van a salir gratis".
Por su parte, el ministro de Fomento, José Blanco, de quien el PP pedía la dimisión, comparecía para informar del expediente laboral abierto a 442 controladores, quienes se han guiado por la prudencia en sus comentarios al desconocer cómo les puede afectar su nueva situación, ya que están bajo mando militar.
Blanco, que comunicó que ya se habían transportado a 162.000 pasajeros desde la reapertura del espacio aéreo, criticó la "irresponsable" actuación de los controladores, que no puede quedar impune, por lo que deben recibir las sanciones oportunas registradas en la Ley.
Sobre este asunto opinó igual la portavoz del grupo popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ofrecía todo su apoyo al Ejecutivo para solucionar el caos aéreo, al tiempo que solicitaba que se aclararan sus negociaciones con los controladores durante estos días y los últimos años.
Por su parte, el diputado del PP Rafael Hernando solicitaba la dimisión de Blanco, y el senador de este partido Pedro Agramunt anunció que no acudirán a actos en los que participe el responsable de Relaciones Institucionales del PSOE, Gaspar Zarrías, por vincular al PP con la huelga de controladores.
En el PSOE, su portavoz parlamentario, José Antonio Alonso, demandó del PP que no haga la política "electoralista, partidista y tan cortoplacista" y justificó la actuación "rápida, eficaz y contundente" para "amparar" los intereses de cientos de miles de ciudadanos "tomados como rehenes" y los del país.
En diputado del PSOE en el Parlamento Andaluz, Mario Jiménez, alentó la sospecha de que el PP "ha tenido que ver" con el "golpe económico que intentaron dar ayer los controladores aéreos" y ha abogado por aclarar el papel de dicha formación política en el conflicto aéreo.
Por su parte, los controladores hacían uso de Internet para expresarse y el portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), César Cabo, y calificaba de "desmedida" la reacción del colectivo, adoptada después de "meses de acoso, una ley y varios decretos" que recortan sus derechos.
En apoyo de los controladores y por las dudas sobre la legalidad de la decisión del Gobierno, han protestado la Coordinadora Europea de Asociaciones de Controladores Aéreos (ATCEUC), que consideró la adopción del estado de alarma como "impropia de un país europeo democrático".
Además, recibieron la solidaridad del colectivo del sindicato de tripulantes de cabina, STAVLA, que criticó la militarización del sector y otras organizaciones, como CNT-AIT, CGT, Endavant, etc. han convocado el martes una protesta en Palma de Mallorca contra la actitud "violenta" del Ejecutivo.
Respecto a los datos, a media tarde, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) informaba de que se habían cancelado el 4 por ciento de los vuelos programados para esta jornada, 165 de 4.060 programados -han volado 2.470- y en el turno de tarde de los controladores se alcanzaba una cifra de asistencia a los puestos de trabajo similar a la de la mañana, el 97%.