Por tanto, el Ejecutivo central ha asegurado que "parece prudente esperar a que se disponga de conclusiones definitivas sobre la seguridad del almacenamiento para las personas y el medio ambiente", así como que, mientras tanto, continúa vigente la paralización de la actividad acordada mediante resolución del 26 de septiembre de 2013.
Así se desprende de una respuesta del Gobierno, fechada el pasado 23 de enero, al diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, quien presentó una serie de preguntas sobre los movimientos sísmicos en las comarcas del norte de Castellón, "haciéndose eco de cómo los municipios afectados en la provincia de Castellón denuncian el silencio del Gobierno sobre los estudios solicitados", ha señalado la formación política en un comunicado.
Por ello, Baldoví preguntó qué fecha tenia prevista el Gobierno para entregar a los municipios afectados los estudios técnicos que anunció hace dos meses sobre las causas de los 500 seísmos registrados.
El coportavoz de Compromís en las comarcas de Castellón, Carles Mulet ha señalado que "de nuevo la improvisación y alegría con la que se permitió la tramitación evidencian grandes lagunas en previsión de potenciales riesgos, como ha sido el de la sismicidad".