A la conclusión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Daniel Conesa (PP), ha dicho que los guardias civiles han cumplido con su deber de defender la frontera de Melilla, España y de la Unión Europea de una avalancha de indocumentados que quisieron cruzar no por un paso habilitado, como podían ser los puestos fronterizos, sino saltando una alambrada.
Conesa ha manifestado que tienen "el pleno convencimiento de que estos guardias civiles han actuado con absoluto respeto a las leyes que existen" y, "desde este convencimiento del cumplimiento del deber respetando las leyes el Consejo de Gobierno de Melilla", quiere hacer público su "apoyo a estos guardias civiles en concreto y a todos los guardias civiles de Melilla hasta su coronel al frente".
"Están trabajando día a día, de manera intensa, por proteger nuestra frontera de situaciones que obviamente no pueden ser permitidas", como son las avalanchas de inmigrantes que se registran en la valla, ha precisado.
El Ejecutivo que preside Juan José Imbroda ha tomado esta decisión en su reunión semanal del Gobierno después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla haya decidido investigar las devoluciones sumarias de inmigrantes a pie de valla en la ciudad autónoma, imputando a ocho guardias civiles por los golpes que recibió un inmigrante el pasado 15 de octubre, hechos documentados en vídeo por la ONG local Prodein.
El auto convoca a estos agentes para dirimir si "pudo haberse producido un empleo de la fuerza desproporcionado y si tal manera de proceder pudiese estar tipificada en el Código Penal, sin perjuicio de mejor y más depurada calificación, al menos como un delito de trato degradante".
El magistrado indica además en el auto, consultado por Europa Press, que "en el supuesto de que pudiera determinarse que alguno de los inmigrantes hubiera sufrido alguna lesión", para lo que se solicita información al Hospital de Nador por si alguno de los migrantes hubiera sido atendido allí aquel día, se imputaría "un delito de lesiones".
Los agentes llamados a declarar "en calidad de imputados" lo son "en relación a la acción que ha sido documentada en soporte videográfico de actuaciones", según el cual un inmigrante conocido como Dani, "que no ha sido identificado hasta el momento", fue "rodeado y golpeado por un grupo de guardias civiles" cuando bajaba por una escala de la valla de Melilla, "siendo posteriormente trasladado en volandas hasta Marruecos desde España atravesando el perímetro fronterizo".