La sentencia considera que "no es ajustado a derecho", por lo que devuelve a la zona el nivel de protección que recogía la normativa de 1994, que calificaba el lugar de "espacio protegido no urbanizable".
Para la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, esta sentencia, sobre la que no cabe recurso, supone una "nueva victoria" que, unida a la sentencia del Tribunal Supremo que señala que el inmueble de una veintena de plantas y 411 habitaciones viola la Ley de Costas e invade de manera parcial la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre; conlleva la declaración "ilegal" del hotel.
En este sentido, en declaraciones a Europa Press ha subrayado que contra esta sentencia "no cabe recurso de casación posible" aunque, en su caso, el Ayuntamiento de Carboneras podría recurrirlo en base al planeamiento urbanístico, algo que ha calificado de un "suicidio legal y político".
De esta forma, el último pronunciamiento judicial es interpretado desde la asociación ecologista como un argumento más a favor de los conservacionistas, quienes indican que el texto respalda "lo que siempre" ha denunciado la ONG, que la Junta de Andalucía pretendió legalizar el hotel burdamente en 2008". Con esto, valora la sentencia, que "marca el fin de las medidas cautelares adoptadas por el Tribunal Supremo en octubre de 2011".
Marcos advierte que el nivel de protección que hasta ahora se le brindaba a esta zona a través del PORN de 2008 "abría la puerta a la legalización" del hotel por contemplar un "uso turístico", al estar detallada como subzona C3, para núcleos habitados preexistentes y otras zonas transformadas, frente al nivel de protección del PORN de 1994, que calificaba de área natural de interés general el paraje como subzona C1.
Así, llama la atención que la sentencia del TSJA apunta que al recuperar su anterior nivel de protección, basta con aplicar el artículo 38.1 del Real Decreto Legislativo 1/92 para restablecer la legalidad urbanística. "Es decir, que las edificaciones contrarias al planeamiento, como es el caso del hotel de El Algarrobico, deben ser demolidas sin indemnización (para la promotora, Azata del Sol)", aclara Marcos.
El Alto Tribunal andaluz sostiene, asimismo, que la modificación de la planimetría del PORN que la Junta de Andalucía hizo en 1997 y por la que convertía el paraje en urbanizable "no tiene validez alguna" porque, según subraya, "no puede cambiarse el nivel de protección de un área con una mera condición de errores", que, además, "no reunía los requisitos mínimos".
En 1997 la Junta modificó los mapas alegando que la planimetría en la que el paraje de El Algarrobico aparecía como zona C1 o de interés general y, por tanto, como no urbanizable era errónea e la incluyó en las áreas D2 o urbanizable ordenado, lo que daba vía libre a su uso turístico. Un año después, el Ayuntamiento de Carboneras aprobaba el Plan Parcial que daría lugar a la posterior concesión de la licencia de obras para construir el "controvertido" hotel.
En definitiva, ha dicho que la sentencia "resuelve de forma muy contundente" la cuestión de El Algarrobico y confirma la "triquiñuela y burla de la maniobra de la Junta de Andalucía" para favorecer la construcción del hotel ya que confirma que este invade la costa.
EL ESTADO Y LA JUNTA PAGARÁN EL COSTE DE DEMOLICIÓN
En este contexto, Marcos ha explicado en base a un acuerdo entre el Estado y la comunidad autónoma firmado y publicado en el Boletín Oficial del Estado en noviembre, será el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el que se tenderá que encargar de "liberar de la costa el hotel", mientras que la Junta de Andalucía la encargada tanto del reciclaje de los escombros como de la restauración del enclave, situado en el Parque Natural de Cabo de Gata. "Les toca a medias y no cabe indemnización a la promotora", ha insistido.
Finalmente, ha mostrado la satisfacción de la ONG ante el reconocimiento de que tenía razón por parte de la Justicia. "Ahora sí celebramos del todo", ha concluido.