La sentencia hecha pública hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) corresponde al juicio celebrado en diciembre, en el que se procesó a ambos por falsificación documental para obtener fondos de manera irregular con los que comprar mobiliario para la vivienda que le fue asignada a García Peña cuando fue nombrado jefe de la Guardia Civil de Baleares en 2005.
El auto condena también al capitán José López García Trujillo como inductor y al constructor Jaume Ferragut como autor, a 6 meses de prisión, por emitir un certificado y una factura de unas obras que nunca se hicieron, que el empresario de la construcción cobró y posteriormente dio parte del dinero al ex coronel jefe para la adquisición de mobiliario.
Tanto García Peña como Cuadri, Ferragut y López han sido condenados también por el tribunal a pagar multas de seis meses, a razón de 6 euros diarios, y a asumir cada uno de ellos una cuarta parte de las costas del proceso judicial.
En la sentencia, el tribunal de la Sección Primera considera probado que el coronel García Peña, con la colaboración del teniente coronel Cuadri y aun sabiendo ambos que un crédito concedido por la Guardia Civil al primero de ellos era para realizar obras de reforma en la residencia que le fue asignada, "idearon la posibilidad de crear un expediente de obra que justificara y posibilitara la salida del crédito" para destinarlo a sus "deseos particulares".
Según el auto, Cuadri "se encargó de averiguar los documentos que requería un expediente de obra y el capitán (López García Trujillo), que había oído el problema planteado por el coronel, se encargó de contactar y convencer al señor Ferragut para que emitiera un presupuesto y factura de obras falsos".
La sentencia explica que "tal y como estaba previsto y dispuesto por todos los acusados, las obras (..) no fueron nunca realizadas", y los 12.505 euros de la factura se ingresaron en una cuenta de Ferragut, y una vez deducido el IVA, los 10.780 euros restantes llegaron al capitán Trujillo que los entregó a García Peña.
El tribunal considera que la participación de García Peña en la comisión del delito de falsedad fue "directa, activa y eficaz", y la de Cuadri fue una intervención "principal y protagonista".
En el juicio, García Peña reconoció ante el tribunal haber firmado un certificado de unas obras que nunca se hicieron para la vivienda que le fue asignada cuando fue nombrado jefe de la Guardia Civil de Baleares en 2005, y haber cobrado posteriormente un sobre de dinero en efectivo.
El ex jefe del Instituto Armado en las islas dijo que creía que era legal destinar el crédito que le había concedido el Servicio de Acuartelamiento a cambiar una serie de muebles y sanitarios en la vivienda, aunque le hubiera sido otorgado para hacer obras de acondicionamiento.
García Peña aseguró que llevó a cabo dichas irregularidades por sugerencia del coronel Cuadri, que negó todas las acusaciones.