Este manifiesto se produce ante la creciente intervención de la Administración en la actividad del facultativo, "mediante coacción, prohibición a dispensar o sustitución del fármaco prescrito, entrometiéndose en decisiones que competen a los facultativos", que, añaden, "deben ser los únicos responsables de la prescripción, proporcionando en conciencia y con arreglo a la información científica, lo mejor para el paciente, en cada caso".
"Ni las direcciones médicas, ni los servicios de farmacia tienen derecho a intervenir en la libre prescripción del facultativo, ni en el derecho a la información y libre elección del paciente", señalan en el manifiesto, asimismo consideran "imprescindible" que "haya hematólogos en las comisiones que deciden qué fármacos deben estar disponibles y que el paciente sea el centro de las decisiones".
Ante los avances conseguidos en los últimos años en el terreno científico dentro del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la sangre, muestran su oposición a que "se adopten recortes que comprometan la supervivencia, curación y calidad de vida de los pacientes, así como a frenar la investigación y el desarrollo".
Los hematólogos se acogen a los aspectos éticos y normativas del uso de medicamentos, y temen que no se garantice el ejercicio de los derechos de los pacientes recogidos en el ordenamiento jurídico español, como la Ley 14/1986 General de Sanidad (Arts. 10.6 y 95.3), la Ley 25/1990 del Medicamento (Arts. 90, 93.1) y la Ley de Cohesión y Calidad del SNS (Arts. 16, 23 y 25).