En un comunicado, la organización asegura haber obtenido evidencias de esos hechos "en el marco de una misión de investigación" en Nuevo León, y urge a los agentes de los Ministerios Públicos federal y estatal a "adoptar medidas de forma inmediata para juzgar a los responsables" por la vía penal.
Según HRW, los familiares de las víctimas le informaron de que habían "reclamado ante las autoridades estatales y federales" y de que, en la mayoría de los casos, se habían iniciado "averiguaciones previas", pero por el momento, "ninguna persona ha sido sentenciada en relación con los delitos".
En esas investigaciones iniciadas por la justicia ordinaria, HRW asegura haber descubierto "graves irregularidades", como la falta de entrevistas a testigos clave, la ausencia de visitas al lugar de los hechos y el no cumplimiento de "otros requisitos procesales básicos".
Además, señala que la justicia militar "había asumido la jurisdicción de algunos casos y no había impulsado investigaciones serias", puesto que su sistema "ha garantizado tradicionalmente la impunidad de los soldados que cometen violaciones de derechos humanos contra civiles".
Entre otros ejemplos, la organización describe el caso de Rocío Romeli Elías Garza y Juan Carlos Peña Chavarria, una pareja de 29 años cada uno que falleció el 3 de marzo "por disparos efectuados por miembros del Ejército" en el municipio de Anáhuac.
Según el relato de testigos y familiares, ambos habían salido de la fábrica donde trabajaban cuando "quedaron en medio de un enfrentamiento entre militares y hombres armados", que intentaron secuestrar su vehículo y acabaron fugándose.
La pareja salió entonces del vehículo y logró resguardarse detrás de otro automóvil, para explicar después a los militares que eran civiles y no estaban armados, pero un soldado les disparó, según el relato.
Al día siguiente, "el Ejército emitió un comunicado en el cual anunció haber matado a ocho delincuentes en un enfrentamiento armado" y, casi un año después de los asesinatos, las investigaciones abiertas en el Ministerio Público estatal y en la justicia militar no han entrevistado "a familiares ni testigos".
También relata el caso de la desaparición de Jehú Abraham Sepúlveda Garza, que llamó a su esposa poco después de ser aprehendido por miembros de la Policía ministerial de Monterrey el 12 de noviembre, pero su celular no funciona desde entonces y la institución ha dado "informes contradictorios" sobre su paradero.
"La decisión de no llevar ante la justicia a soldados y policías responsables de asesinatos, desapariciones forzadas y otro tipo de violaciones graves envía el mensaje de que estos crímenes son tácticas aceptables para combatir al crimen organizado", dijo en el comunicado José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
"Si bien es cierto que Nuevo León sufre niveles de criminalidad extremas, estos abusos oficiales socavan la eficacia de las medidas de seguridad pública y agravan la situación de violencia", añadió.
Vivanco instó al gobernador del estado, Rodrigo Medina de la Cruz, a impulsar una "investigación enérgica, exhaustiva e imparcial de estos asesinatos y desapariciones".
La organización recordó el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de diciembre pasado, según el cual "todas las violaciones de derechos humanos debían ser investigadas y juzgadas en el sistema de justicia penal ordinario".
Sin embargo, en la mayoría de estos casos que afectan a la Policía o al Ejército, "los agentes del Ministerio Público del fuero común han renunciado a su jurisdicción y han transferido los casos al fuero militar".
"Ante un sistema de justicia militar que ha demostrado mayor preocupación por proteger a sus miembros que por asegurar justicia para las víctimas, es crucial que las autoridades de la justicia ordinaria investiguen los abusos del Ejército y la Marina", instó Vivanco.