La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados abría la puerta, este martes, a esta práctica para delitos tales como excesos de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, conducir tras perder los puntos, sin carné, o la conducción temeraria. Se trata de una enmienda transaccional entre el PP y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), que ha sido introducida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Para el presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes (DIA), Francisco Canes, se trata de "un avance importante" y una "buena idea", pero "de cara a la galería", ya que, a su juicio, esta norma quedará "en papel mojado".
"Como ya hemos vivido, estos sistemas de trabajo para la comunidad son un quiero y no puedo, porque no se destinen recurso", ha apuntado. Canes apunta que si "lo normal es que el trabajo comunitario tenga relación directa con el delito, pero luego no se destinan recursos para implementar estas actividades", la sanción no sirve de nada.
En este sentido, ha explicado que el problema es que el dinero que se cobra de una multa por delito de seguridad vial se lo queda la Administración de Justicia par gastos generales y no para rehabilitar a los condenados.
Los mismo problemas de inversión ha denunciado la portavoz de la Asociación para la Prevención de Accidentes de Tráfico (PAT), Eugenia Domenec, que ha denunciado "auténticas dificultades" para llevar este procedimiento a la práctica. Apunta, en declaraciones a Europa Press, que no hay medios suficientes, ni plazas ni una regulación adaptada para que las personas condenadas "hagan trabajos en un ámbito reflexivo, relacionado con el trafico y con las victimas resultantes de estos delitos".
Domenec, que apunta que la idea no le parece "mal", señala, además, que desde PAT ya se han hecho propuestas al Ejecutivo al respecto, aunque en su documento se hablaba de comportamiento erróneos al volante o de accidentes en las que no haya víctimas graves. "Es un tipo de delito que no conlleva unos perfiles de criminalidad, si no una inconsciencia, una falta de conciencia con respecto al riesgo o al daño que puede provocar su comportamiento. Son perfiles a los que puede ayudar la reflexión y sufrir un cambio en su actitud", ha defendido.
Además, la PAT pide que se mantengan las multas y las penas de prisión para aquellos que sean reincidentes en este tipo de delitos.
FALTA DE PLAZAS
Desde 'Stop Accidentes' no se muestran a favor de esta idea. A juicio de su presidenta, Ana Novella, el Gobierno debería "meterse a modificar otras decisiones, en vez de meterse en cambiar lo que puede ser una pena de prisión". Del mismo modo, ha denunciado que "es sabido" que instituciones penitenciarias no podría llevar a cabo esta medida "porque no hay mucha oferta".
"Vamos a volver a ser las olvidadas", ha señalado en referencia a las víctimas de tráfico, para añadir que esta decisión es "caduca" y "pasará sin pena ni gloria".
Desde Automovilistas Europeos Asociados (AEA), su presidente, Mario Arnaldo, también ha denunciado "la falta de plazas" para cumplir una condena a través del trabajo comunitario. A quien se le impone esta pena "a menudo tiene que esperar tanto tiempo a que le den plaza que su delito prescribe", ha declarado.