Tras las sentencias del Tribunal Supremo en pro de que no se financien con fondos públicos a centros que segregan por sexo, "el ministro plantea que estos centros sí deben ser financiados con fondos públicos ya que, a su entender, no discriminan a ningún sexo", según han indicado en una nota.
Las JSA defienden la Ley Orgánica de Educación, del año 2006, por la cual en el sistema educativo no puede haber discriminación alguna, entre otros motivos por razón de sexo. Sostienen que la coeducación es la única forma de garantizar una educación en igualdad y evitar la creación de nuevas diferencias entre sexos, por lo que defienden que estos centros no pueden financiarse con fondos públicos.
En palabras del secretario general de JSA, José Carlos Durán, "la postura de Wert lejos de potenciar la igualdad de oportunidades como principio esencial de la educación lo que está haciendo es buscar constantemente diferencias para discriminar a unos niños y jóvenes con otros", a lo que ha añadido que "empezaron a la hora de fijar los criterios de dar las becas priorizando otros criterios al del nivel de renta, subiendo las tasas universitarias, eliminando la asignatura de Educación para la Ciudadanía y subiendo el IVA escolar, generando así más desigualdades. Ahora lo hacen intentando generar diferencia entre niños y niñas".
"Una sociedad igualitaria debe empezar por los centros educativos, por una enseñanza conjunta, sin diferencias. La enseñanza que se financie con fondos públicos debe regirse por el principio de igualdad y no discriminación de nuestra Constitución", ha recalcado la secretaria de Educación y Universidad de la organización socialista, Mamen González.
Las JSA defienden la educación como "patria común", porque "la entendemos como la mejor herramienta para asegurar la igualdad de oportunidades, no como el PP, en su afán por marcar diferencias diferencia a los niños y niñas como a las peras y manzanas", según Durán.
Por todo ello, las JSA instan al ministro Wert y al Gobierno de Mariano Rajoy a que se preocupen menos por subvencionar a los colegios privados y más por no tener que cerrar universidades o colegios públicos, garantizando una educación pública de calidad sin segregaciones de ningún tipo.