Según un informe de Ispección, Rafael Tirado incurrió en una falta muy grave de desatención del artículo 417-9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
El texto, elaborado por el jefe de la Inspección, José María Gil Sáez, concluye que Tirado "pudo incurrir en conducta susceptible de reproche disciplinario".
Por otro lado, la posible falta del juez de la Audiencia de Sevilla Javier González, que tardó casi tres años en confirmar la sentencia dictada por Tirado, habría prescrito, por lo que no queda otra opción que archivarla.
Dos años de retraso
Inspección calcula que "como consecuencia de trámites dilatorios, errores y omisiones en la tramitación de la ejecutoria la demora ha sido de dos años, dos meses y nueve días".
Tirado ha alegado excesiva acumulación de asuntos, así como que la funcionaria que llevaba el caso estuvo de baja. AGE