La responsable de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha asegurado este viernes que asume el fallo del Tribunal Supremo, que anula el decreto de la transferencia de las competencias del Guadalquivir, al tiempo que ha garantizado que, una vez concluida la encomienda de gestión transitoria firmada entre el Gobierno central y la Junta, se establecerá cuál va a ser la colaboración y trabajo a llevar a cabo.
"El fallo del Tribunal por supuesto que lo asumimos, no tenemos ninguna dificultad", ha manifestado Aguilera durante una rueda de prensa celebrada en la capital malagueña, en la que ha firmado un protocolo de colaboración con la Diputación Provincial para la restauración del Caminito del Rey.
La consejera ha incidido en que este fallo "nada tiene que ver con el procedimiento que ahora tenemos en marcha y en nada afecta a la encomienda de gestión", por lo tanto, "seguiremos trabajando para ver, en un plazo medio, cuál va a ser el funcionamiento y la regulación que establezcamos con el Gobierno de España".
Cabe recordar que la sección tercera de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, merced a la sentencia previa del Tribunal Constitucional (TC), estimó un recurso promovido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra el decreto de transferencias 1666/2008 que entregaba a la Administración andaluza las competencias sobre la cuenca del río Guadalquivir y, a tal efecto, ha anulado dicho acto administrativo.
Por otra parte, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el recurso promovido por la Junta de Extremadura contra el decreto de transferencias 1666/2008 que entregaba a la Administración andaluza las competencias sobre la cuenca del río Guadalquivir, por lo que ha anulado ese acto administrativo.
La sentencia parte del fallo del Tribunal Constitucional que el pasado mes de marzo anuló el artículo 51 del Estatuto de Autonomía andaluz y es, además, igual a la conocida el pasado miércoles en la que el Supremo estimaba el recurso de Castilla-La Mancha en el mismo sentido.
El fallo, adelantado por El País en su edición de este viernes, considera que los intereses de la Junta de Extremadura "pueden resultar afectados" por el decreto de transferencia, que cree "limitador de su intervención sobre las aguas de la cuenca del río Guadalquivir".