El consejero del ramo, Luciano Alonso, ha explicado a los periodistas en Granada, con motivo de la reunión del Consejo Escolar de Andalucía, que el Gobierno regional ha tomado esta decisión ante la necesidad de poner en marcha "todos los mecanismos para evitar la aplicación de la norma", ya que el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional (TC) no paraliza la ley de forma inmediata.
Asimismo, Alonso ha subrayado que "así lo han solicitado padres, alumnos, profesores y sindicatos", y ha agregado que el objetivo es impedir "un daño irreparable" a varias generaciones de estudiantes.