Para ello, ambas partes colaborarán en la realización de actividades conjuntas para favorecer el ejercicio y tutela de los derechos de las personas sordas y perfeccionar los mecanismos de apoyo existentes en el ámbito de las competencias del Ministerio de Justicia.
Así, se desarrollará un documento orientado a informar, asesorar y sensibilizar sobre la realidad de las personas sordas y sus necesidades ante la Justicia, según detallan sus impulsores.
Ambas partes colaborarán también en la formación de los funcionarios y profesionales de la Administración de Justicia para la adecuada atención y trato sensibilizado de las personas sordas incursas en procedimientos judiciales y así garantizar su ejercicio a la tutela judicial efectiva.
En el marco de este convenio, la colaboración entre ambas entidades podrá contemplar además otros aspectos como la utilización conjunta de equipos materiales y medios instrumentales, así como el intercambio de información y asesoramiento mutuo en la planificación, organización y ejecución de estudios e investigaciones en temas de interés común participando en grupos de trabajo, foros o jornadas.
Este convenio estará vigente durante los próximos tres años. Para su supervisión, se ha constituido una comisión de seguimiento encargada de velar por la ejecución de lo dispuesto en el acuerdo.