La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, desestima finalmente la pretensión del padre, el diputado suizo y concejal de la ciudad en que vivían Philippe Kitsos, después de que el Tribunal Constitucional se hiciese cargo del asunto. En mayo de 2015 suspendió cautelarmente la orden de entregar a la menor y en febrero de 2016 se pronunció avalando a la madre al entender que en todo el procedimiento no se había tenido en cuenta la integración de la niña.
En ese último pronunciamiento, el Alto Tribunal ordenó retrotraer las actuaciones hasta el momento inmediatamente anterior a la resolución que obligaba a la madre a restituir la niña a su progenitor y repetir así el procedimiento ponderando "el conjunto de circunstancias como la edad, el entorno y la convivencia habitual, incrementada con la presencia de un nuevo miembro en el contexto familiar y la escolarización desde 2013 de la niña en España", unas "omisiones" que vulneraron el derecho de la mujer a una tutela judicial efectiva.
Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid dice que "se reitera" en el auto que dictó en su día porque "en aquel entonces tampoco se esgrimió como motivo esencial de excepción la integración de la menor", sino que la mujer se opuso a entregar a su hija centrándose en que tenía consentimiento paterno para trasladarla a España "y haciendo hincapié una y otra vez en el ocultamiento por parte del demandante de sus antecedentes violentos".
Con todo, para dar cumplimiento a la sentencia del TC, la Audiencia "estimó pertinente y necesaria" la realización del informe pericial psicológico que ponderase las circunstancias de la "vida actual de la niña y las condiciones que ofrecen uno y otro progenitor para el cuidado, asistencia e interés prioritario de la menor".
El resultado, conforme detalla la sentencia, fue que la niña "está totalmente integrada" en el colegio y su entorno, que "reconoce a su madre como principal cuidadora y referencia estable", así como al resto de su familia materna y que desea seguir viviendo en el mismo entorno aunque "expresa el deseo" de ver a su padre, con quien mantiene una relación "espontánea" y "afectuosa".
"De todo ello la Sala no puede sino concluir para el mayor beneficio de la niña, único criterio rector de la presente resolución, en mantener la actual situación, debido por lo tanto confirmar la sentencia apelada y desestimando el recurso de apelación en su día formulado", dice la Audiencia, que no obstante, remite a Primera Instancia para fijar un régimen mínimo de visitas atendiendo al mismo informe pericial, que recomienda el contacto de la niña con su padre porque la propia menor así lo manifiesta.
"Estoy conmocionada y muy emocionada, haciéndome a la idea de que por fin ha terminado y ya puedo plantearme reconstruir nuestras vidas de una manera normal porque hasta ahora, toda mi obsesión era esto. Llevo tres años despidiéndome de mi hija cada noche, sin saber si el día siguiente iba a ser el último que la viera", explica Vicente a Europa Press.
De hecho, puesto que el padre tiene la custodia en exclusiva concedida por la justicia Suiza, el miedo a que secuestre a la niña "sigue estando ahí", aunque dice que su deseo es que padre e hija construyan una relación porque "es algo bueno para ella". "Esto es un respiro, ahora hay que mirar hacia adelante y ver si podemos encontrar una solución favorable para ella y estructurarnos de una manera organizada", ha añadido. La niña tiene ahora 6 años y habla con su padre por teléfono dos veces por semana.
UN LITIGIO DE TRES AÑOS
La historia de Desiree Vicente comenzó en agosto de 2013 cuando, según denunció, estando de vacaciones con Kitsos y la niña, tanto él como su padre la agredieron en la vía pública. El caso fue documentado por la policía griega, que envió a madre e hija a Madrid en el primer vuelo a España con ayuda del consulado.
A su llegada a Madrid fue atendida por la Policía Nacional, recibió asistencia médica e inició el protocolo de violencia de género. El agresor fue imputado, pero no acudió a declarar pese a los requerimientos y la orden de detención dictados por un tribunal español, que no llegaron a ejecutarse.
Mientras, Kitsos obtuvo la custodia de la niña en un tribunal suizo aunque al tratar de ejecutarla en España, un Juzgado de Familia se lo negó. En noviembre de 2013 reclamó por primera vez la restitución de la menor, alegando secuestro parental, pero el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 11 de Madrid la desestimó por "grave peligro para la niña", a quien prohibió abandonar el país. Después, daría la custodia a Desiree en exclusiva con un régimen de visitas bajo vigilancia.
Sin embargo, Kitsos apeló a la Audiencia Provincial, que en marzo del año pasado le dio la razón y ordenó la restitución de la menor a Suiza. Ante esta situación, la madre pidió a la Policía que impidiera la ejecución y rogó al Juzgado de Violencia de Género que hiciera algo al respecto, pero no obtuvo respuesta. El día que tenía que entregar a la niña en comisaría recurrió al Constitucional, que 48 horas después paralizó la orden y mantuvo a la menor en España.