Este será el "denominador común" de los programas electorales que presentará IU a las próximas elecciones autonómicas, donde la "tónica general" girará en torno precisamente a la recuperación del gasto que se dedicaba en España antes de la crisis a los servicios públicos fundamentales, es decir, la educación, la sanidad y los servicios sociales.
Así lo ha asegurado Cayo Lara tras participar en la Interparlamentaria de IU reunida este lunes en Valladolid, un encuentro en el que el coordinador federal ha reiterado la necesidad de restaurar la situación anterior a 2008 ante al actual "deterioro" de esos servicios públicos fundamentales.
"Hay recursos suficientes para hacerlo", ha defendido Lara para quien se trata de un caso de "voluntad política" y de la decisión de poner en marcha en España un sistema fiscal "justo y progresivo".
La hoja de ruta de IU se completa con un plan de choque contra el paro y con otro plan de carácter "inmediato" contra la exclusión social a los que ha sumado la implantación de la educación de cero a tres años, una exigencia al Gobierno central para que derogue la Ley Wert y la necesidad de buscar una posición común respecto al complemento de renta mínima garantizada establecido en algunas autonomías, como es el caso de Castilla y León con la Renta Garantizada de Ciudadanía.
En este sentido, ha aprovechado la ocasión para rechazar el establecimiento de una renta universal para todo el mundo desde el convencimiento de que ese complemento tiene que llegar sólo a las personas y a las familias que verdaderamente lo necesitan por encontrarse en una situación de deterioro económico y social importante.
"Demagogia ninguna", ha rechazado Cayo Lara frente a las fuerzas que propugnan esa renta universal.
Cayo Lara ha apostado en todo momento por fomentar una política de formación y de empleo como mejor camino para ayudar a los desempleados a ganarse la vida con dignidad. Así, frente a una ayuda directa de 420 euros ha abogado por la creación de un puesto público que, con unos 1.000 euros, revertiría a las arcas públicas y al sistema de la Seguridad Social unos 580, ya que mueve la economía.
Lara ha acusado por último al Gobierno de la nación de estar asfixiando a las comunidades autónomas por la "desfiscalización" de la Hacienda pública y unas rebajas de impuestos para los más ricos que está condicionando el presupuesto general y las trasferencias a las autonomías a las que, a su vez, se carga con el mayor déficit frente a la Administración central.
En su opinión, se debería cambiar el "deterioro permanente de la Hacienda pública" por el bien de los servicios básicos.