Este Protocolo es un instrumento de cooperación jurídica internacional contra la inmigración ilegal que facilita la repatriación de aquellas personas que sean detectadas en situación irregular en el territorio de cada uno de los países firmantes.
Según explica la referencia del Consejo de Ministros, el acuerdo se aplica "sobre la base de la reciprocidad y respetando las obligaciones y garantías contempladas, tanto en las legislaciones nacionales internas, como en los Convenios internacionales".
Con respecto a su contenido, regula y determina las autoridades competentes de España y Albania para la aplicación del Acuerdo, los pasos fronterizos, el idioma de comunicación, el procedimiento de solicitud de readmisión y respuesta, otros medios y documentos adicionales para determinar la nacionalidad, documentos de viaje y notificaciones de traslado, así como el procedimiento de tránsito, condiciones de los retornos con escolta y la asunción de los gastos derivados de la readmisión.