La protesta, que arrancó el pasado domingo con una concentración en Galapagar (Madrid), donde según los organizadores del acto "el Ayuntamiento ha privatizado todos los servicios sociales municipales", se va a llevar a cabo en otras seis provincias españolas: Cádiz, Huesca, Gran Canaria, Granada, Valencia y Zaragoza.
La campaña consiste en actos en diversos centros y servicios sociales de especial significado, que estarían "en riesgo de privatizarse o desaparecer si se aprueba dicha reforma tal y como está prevista", tal y como denuncian los organizadores.
Los miembros de la plataforma explican que "entre los servicios y prestaciones amenazados se encuentran algunos tan emblemáticos como la ayuda a domicilio, la teleasistencia domiciliaria, las residencias, los centros de convivencia y comedores del mayor, los servicios de promoción de la mujer, de prevención y promoción de la infancia, entre otros".
"Esta reforma supone una seria agresión a la autonomía local. Pone en serio riesgo de extinción una buena parte de los actuales servicios sociales, especialmente todos los servicios sociales especializados gestionados por la Administración Local y es un ataque al criterio de proximidad y subsidiariedad en la que creemos que se debe basar nuestro sistema democrático", han concluido.