Las autoridades medioambientales que evaluaron la calidad del aire en 2018 constataron una leve mejoría que se trasladaba en "menor medida" a las zonas localizadas en entornos metropolitanos. El motivo que impedía que el viento fuese de una calidad óptima provenía de una mayor contaminación derivada del tráfico en la que se emitían más elementos nocivos como dióxido de nitrógeno (NO2), partículas (PM10) y ozono (O3), que según la Fundación Española del Corazón repercute negativamente en el 93% del aire respirado.
Según publica el Ministerio para la Transición Ecológica en el avance del 'Informe de evaluación de la calidad del aire en España 2018', esta información será remitida a la Comisión Europea antes del 30 de septiembre y especificará el estado de las distintas áreas respecto a los valores legislados.
En ese sentido, la Unión Europea ha mostrado una preocupación sobre el tema, y su intención de concienciar a los Estados Miembro para que los europeos gocen de mejor calidad medioambiental.
El documento incluye por primera vez un resumen climático del año evaluado con los datos elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y en los apartados específicos de cada red de control se incorporan los datos de la evaluación del ozono para la protección de la vegetación.
Entre los tóxicos contenidos en el aire se han examinado los niveles de dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), óxidos de nitrógeno (NOx), partículas (PM10 y PM2,5), plomo (Pb), benceno (C6H6), monóxido de carbono (CO), ozono (O3), arsénico (As), cadmio (Cd), níquel (Ni) y benzo(a)pireno (B(a)P).
Por su parte, la Comisión ha indicado que vigilará la evolución de los efectos de las medidas adoptadas y ante cualquier indicio de incumplimiento, no dudará en llevar a España ante el TJUE, con especial vigilancia en lo que se refiere a NO2 en la ciudad de Madrid y el área metropolitana de Barcelona, en donde se han adoptado medidas que, si bien es pronto para asegurar su eficacia, se sitúan en la senda para alcanzar los objetivos exigidos en la legislación europea.