Por decimocuarto año consecutivo, ciudadanos convocados por la organización Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos marcharon para exigir el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura y la apertura de juicios a sus responsables.
En medio de un sepulcral silencio solo roto por los nombres de las víctimas que se escuchaban por los altavoces y acompañados por una bandera de Uruguay y fotografías de los desaparecidos, los manifestantes conmemoraron así un nuevo aniversario del asesinato en 1976 de varios opositores al régimen.
El 20 de mayo de 1976 los legisladores Zelmar Michelini, del izquierdista Frente Amplio, y Héctor Gutiérrez Ruiz, del Partido Nacional, y los militantes de la guerrilla tupamara Rosario Barredo y William Whitelaw fueron asesinados.
Los cuatro fueron secuestrados en Buenos Aires antes de ser asesinados, un crimen por el que fueron procesados en 2006 el ex dictador Juan María Bordaberry y su entonces ministro de Asuntos Exteriores, Juan Carlos Blanco.
La causa para esclarecer el crimen fue presentada por primera vez en 1985, pero fue archivada por el entonces presidente Julio María Sanguinetti, al considerar que quedaba contemplada en la Ley de Caducidad, aprobada por el Parlamento en 1986 y refrendada por la población en 1989.
Antes de la marcha se realizó en el Parlamento un homenaje a Michelini y Gutiérrez Ruiz, organizado por el Partido Nacional, que se opone a la eliminación de la Ley de Caducidad, a diferencia del Frente Amplio.
Cifras oficiales sitúan en 37 las personas desaparecidas en la dictadura, mientras que organizaciones de defensa de los derechos humanos apuntan que son más de 200.
Antes de finalizar la movilización se leyó un poema del escritor uruguayo Mario Benedetti, fallecido el pasado domingo y que fue uno de los principales opositores a la dictadura, además de defensor de los derechos humanos en el país.
Los ciudadanos marcharon precedidos por un cartel con el lema "En 2009 elegimos: verdad, justicia, memoria y nunca más", en referencia a la previsible convocatoria de un referéndum en octubre para anular la Ley de Caducidad, que otorgó impunidad a los crímenes cometidos por militares y policías en la dictadura.
Según dijo a Efe Luis Puig, responsable de derechos humanos de la PIT-CNT, principal sindicato del país, la Marcha del Silencio, como es conocida esta protesta, muestra que los uruguayos "desprecian estos crímenes y respetan los derechos humanos".
Para Puig, la "exitosa" recolección de firmas para pedir el referéndum contra la Ley de Caducidad "ha demostrado que el proceso del pueblo uruguayo hacia la justicia es inexorable".
Organizaciones de defensa de los derechos humanos presentaron a fines de abril más de 340.000 firmas, frente a las 250.000 exigidas, que están ahora en manos de la Corte Electoral para su validación, requisito imprescindible para pedir un referéndum.