En declaraciones a los medios ante las puertas de su bufete de abogados en Barcelona, ha explicado que él está sereno porque su obligación es "administrar esta situación desde la serenidad", aunque, según sus palabras, la imputación no es una situación agradable.
Por otro lado, el abogado penalista Jesús Maria Silva, que defiende a la Infanta Cristina junto a Miquel Roca, ha abierto la puerta a no recurrir. "No descarto la posibilidad de que a lo mejor no recurramos, si tantas ganas tiene el juez de oír las explicaciones de la Infanta", declaraba Silva.
"Ya que tantas ganas hay de oírla, pues que lo cuente. Es una posibilidad que no descarto", insistía.
Sin embargo, tras las declaraciones de ambos abogados, que nos desconcertaban con la decisión final, Miquel Roca salía de su despacho y aseguraba que finalmente sí se recurrirá la imputación.
Roca ha explicado que no es que haya habido diferencia de criterios entre ambos, sino que "eran tiempos diferentes pero sin decisiones diferentes", ya ha indicado que ya ha hablado con la Infanta.
Esta mañana, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, apuntaba, en el auto que ha dictado para imputar por segunda vez a la Infanta Cristina en el marco del caso Nóos, que Iñaki Urdangarin "difícilmente" pudo haber defraudado a Hacienda "sin, cuando menos, el conocimiento y aquiescencia" de su mujer "por mucho que de cara a terceros" mantuviera "una actitud propia de quien mira para otro lado".
Una forma de actuar que el magistrado considera irregular "por omisión", recalcando que no podría entenderse que la Duquesa de Palma no estuviera "alertada" del proceder de su marido, tanto por su "sólida formación" como por una intervención parlamentaria
En su resolución, de 227 páginas, rebate los argumentos esgrimidos por la defensa de la Infanta en el escrito que presentó para oponerse a su encausamiento, al alegar sus abogados que la legislación mercantil no encomienda al socio la posición de "garante" respecto a la actuación del administrador.
Sin embargo, el juez asevera que lo que se pretende dilucidar no es si la hija del Rey Don Juan Carlos "ha incumplido o no algún deber societario del que se pudiera derivar alguna responsabilidad", sino hasta qué punto la Duquesa estaba 'de facto' "llamada a conocer las irregularidades que se estaban cometiendo" en el seno de Aizoon.