Son los casos de Bojayá (noroeste), con 79 afrodescendientes muertos; La Rochela (nordeste), con doce funcionarios judiciales asesinados, y Bahía Portete (norte), con seis indígenas tiroteados, cuatro de ellos mujeres líderes.
Un informe sobre el despojo de tierras en la costa caribeña del país se unirá a esas tres acciones armadas, que fueron documentadas, como el de territorios en disputa, por el Grupo de Memoria Histórica (GMH) de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).
La CNRR fue creada por mandato de la llamada Ley de Justicia y Paz, adoptada en 2005 como marco jurídico para la reinserción de los más de 31.000 paramilitares que se desarmaron dentro de un proceso de paz del Gobierno del ahora ex presidente Álvaro Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), disueltas a mediados de 2006.
"Estamos mirando distintas regiones, distintos temas, distintas víctimas, pero también las iniciativas sociales de estas comunidades para persistir y hacer propuestas de futuro", explicó a Efe en Bogotá el coordinador del GMH, el historiador Gonzalo Sánchez.
El también investigador y catedrático de la Universidad Nacional de Colombia observó que el trabajo de su grupo es justamente el de esclarecer y reconocer estos procesos, y emprender las grandes tareas de recuperación de la memoria que le competen.
En este contexto, Sánchez resaltó que el informe sobre el caso de La Rochela muestra al Poder Judicial como víctima del conflicto y advierte de los mecanismos de impunidad que ocultan los crímenes.
En "La Rochela: memorias de un crimen contra la justicia", el GMH reconstruye la matanza a manos de paramilitares cometida el 18 de enero de 1989 en la aldea rural del mismo nombre y que pertenece a la localidad de Simacota, en el departamento de Santander.
El historiador observó que el segundo informe, titulado "Bojayá: la guerra sin límites", muestra la barbarie a la que llega la confrontación y hace evidente el estado de marginalidad al que están sometidas las minorías étnicas, en este caso la afrodescendiente.
Bojayá es una población del departamento selvático del Chocó en la que el 2 de mayo de 2002 murieron 79 vecinos que se habían refugiado en el templo católico para resguardarse de combates entre rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y paramilitares del ahora disuelto Bloque "Élmer Cárdenas" (BEC).
La matanza, de la que hasta ahora se habían reportado 119 víctimas, por confusión en las tareas de recuento, fue causada por los guerrilleros, con un cilindro de gas doméstico cargado con explosivos que lanzaron contra los ultraderechistas y que por error cayó en el recinto religioso.
El estudio "La masacre de Bahía Portete: mujeres wayúu en la mira" pone de relieve la victimización del liderazgo en una minoría, que en ese pueblo del departamento de La Guajira es de la mujer.
Allí, del 18 al 20 de abril de 2004, paramilitares del Bloque Norte de las AUC mataron a seis indígenas y también saquearon domicilios y comercios, y obligaron al desplazamiento a unos 600 aborígenes. Cuatro de las víctimas eran líderes de la comunidad.
Junto a estos tres informes, que serán presentados en el transcurso de la Semana por la Memoria, los organizadores también entregarán el estudio "La tierra en disputa. Memorias del despojo y resistencias campesinas en la costa caribe (1960-2010).
El despojo y el abandono de tierras en las últimas décadas y la liquidación de un movimiento campesino de importancia son los ejes de esta investigación, que se acerca al problema de usurpación territorial, sobre todo por paramilitares, que pudieron apoderarse de más de cinco millones de hectáreas en todo el país.
Con el evento sobre memoria histórica, "el Estado abre los ojos para mirar estas tragedias y reconoce lo que ha acontecido", subrayó Sánchez, y resaltó al mismo tiempo que se trata de una tarea de esclarecimiento para y por las víctimas, condición que de alguna manera deben compartir todos los colombianos, como seres humanos.