En rueda de prensa, el consejero regional de Turismo, Isaac Castellano, ha comentado que el objetivo del Gobierno de Canarias es "actualizar" la normativa, ayudar a garantizar el acceso a la vivienda de los residentes, apostar por la "sostenibilidad y calidad" y evitar el "crecimiento desordenado" sobre el territorio.
Las viviendas de alquiler vacacional tendrán seis meses para adaptarse a la nueva normativa cuando se apruebe, y quedan fuera de la regulación las islas verdes, tal y como quedaba recogido en su propia ley. Además, se establece que debe haber operativo un teléfono 24 horas para registrar incidencias.
El borrador de decreto establece también diferencias entre los propietarios, ya que los que posean tres o más viviendas tendrán categoría de actividad profesional y deberán contar con trabajadores y un equipamiento mínimo, al igual que las casas rurales.
Castellano ha comentado que se abre la puerta a que las corporaciones locales establezcan "excepciones" o fijen "marcos flexibles", dejando claro que por jerarquía urbanística, primará el criterio de los cabildos en caso de disparidad de criterios con los ayuntamientos.
En cuanto a las plataformas digitales, el borrador de decreto establece que las viviendas en oferta deben contar con el número de registro y si se detecta alguna plaza irregular, deberán ser eliminadas en un plazo máximo de seis meses.
Una plantilla de 14 inspectores
El texto, que se somete ahora a un periodo de información pública de un mes, deberá contar también con los informes favorables de distintos departamentos del Ejecutivo y del Consejo Consultivo para ser aprobado definitivamente en Consejo de Gobierno a final de año.
Para llevar a cabo la aplicación del decreto, la Comunidad Autónoma cuenta con una plantilla de 14 inspectores, que se apoyarán en un futuro plan de inspección turística que atenderá "de forma "destacada" al alquiler vacacional, ha detallado Castellano.