Así consta en el anteproyecto de ley que se ha presentado hoy en el Consejo de Ministros y que modifica diez leyes para adaptarlas a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Según informa el Ministerio de Sanidad en un comunicado, los cambios "más significativos" que se introducen con esta reforma son la actualización de la definición legal de "persona con discapacidad" para adaptarla a la de la Convención.
Asimismo, se modifica el régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
De esta forma, en el supuesto de que las instituciones que prestan servicios sociales cometiesen una infracción muy grave se contempla la posibilidad de que esto conlleve la inhabilitación definitiva para el ejercicio de estas actividades.
En los procesos judiciales en los que se deduzca que ha habido discriminación por razón de discapacidad, se invertirá la carga de la prueba, es decir, corresponderá a la parte demandada probar que no ha habido discriminación, tal y como ocurre en los casos de desigualdad por razón de género.
En materia de sanidad, la información que reciban los pacientes deberá ser "accesible y adaptada" a sus diversas capacidades y lo mismo sucederá con la prestación de consentimiento para someterse a pruebas e intervenciones.
En cuanto al empleo, además del aumento de plazas reservadas para discapacitados, el Gobierno tendrá un plazo de un año para promover medidas que aseguren el cumplimiento efectivo de que el dos por ciento de estos puestos se destine a este colectivo, en las empresas de más de cincuenta trabajadores.
Todos los proyectos de infraestructuras de interés general de transporte promovidos por la Administración incorporarán una memoria de accesibilidad para estas personas.
En materia de protección civil, se regulan protocolos de actuación específicos para garantizar la asistencia a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia.
El anteproyecto prohíbe la discriminación por discapacidad en la contratación de todo tipo de bienes y servicios, con particular énfasis en la adquisición de seguros, de modo que no se les impongan "condiciones más gravosas que al resto de la población".
Por último, se reconoce legalmente el Observatorio Estatal de la Discapacidad, situado en Olivenza (Badajoz), que elaborará un informe cada año sobre la situación y evolución de la discapacidad en España.