Las multas anunciadas por el Gobierno contra empresas y ciudadanos españoles involucrados en actividades de pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR) podrían ascender a 11 millones de euros, por lo que se convertirían en "las más altas jamás impuestas" por un Gobierno en la Unión Europea.
Estas sanciones se imponen por 19 infracciones muy graves de pesca ilegal en la Antártida. Las empresas están presuntamente vinculadas a un grupo gallego sospechoso de practicar la pesca pirata de merluza negra en aguas del Antártico durante más de una década.
Para la responsable de campañas de pesca de Oceana, María José Cornax, ha celebrado las sanciones y considera que además envían un "claro mensaje de advertencia a todos los ciudadanos que hasta la fecha se sentían protegidos por el uso de sociedades pantalla en terceros países y por pabellones de conveniencia. Ya no se va a tolerar más que un ciudadano de la UE se lucre de la pesca INDNR".
Las sanciones económicas se imponen como resultado de la Operación Sparrow, una redada realizada por España en las oficinas de varias empresas pesqueras en busca de pruebas de vinculación con actividades de pesca INDNR. En ella se recopilaron y analizaron más de 3.000 documentos en los que se hallaron "claras pruebas" de que varias compañías (Kunlun3, Yongding4 Songhua5, y Tiantai6), cuatro buques pesqueros incluidos en las listas negras internacionales.
El alcance de las sanciones es especialmente importante, porque van dirigidas tanto a las personas que sacan beneficios económicos de la pesca ilegal como a las que participan directamente en las actividades de pesca ilegal.
Para el representante de WWF Raúl García, la fuerte voluntad política existente está demostrando que el Reglamento INDNR de la UE es "una herramienta poderosa en la lucha que se está librando para acabar con la pesca ilegal".
Por ello, considera que el reglamento tiene que aplicarse íntegramente en todos los Estados miembros de la Unión Europea para que ningún ciudadano de la UE pueda participar en actividades pesqueras ilegales ni en su propio país ni en el extranjero.
"En la esfera mundial, otros Estados clave que constituyen importantes potencias pesqueras o mercados de productos de la pesca también deberán reforzar sus propios marcos jurídicos y colaborar con la UE con el fin de mejorar la gobernanza internacional en materia de pesca y poner fin a la pesca ilegal", ha reclamado.
GREENPEACE LO SECUNDA
En la misma línea Greenpeace se ha felicitado por la apertura de expediente sancionador contra el Grupo Vidal Armadores después de que la ONG haya denunciado "durante años" las prácticas "ilegales" de esta empresa. Así, en un comunicado recuerda que en 2009 denunció a Vidal Armadores ante la Audiendia Nacional y demandó al Gobierno para que actuara "de forma contundente".
"Es una buena noticia", valora Greenpeace, que recuerda que desde 1999 los barcos de Vidal Armadores han sido detenidos en al menos once ocasiones, han recibido siete condenas (una de ellas de cárcel para uno de los propios miembros de la familia Vidal), 3 de sus barcos han sido confiscados y han sido multados por valor de más de 3 millones de euros. Además, denuncia que a pesar de que Greenpeace ha informado de estos datos, la empresa ha recibido cerca de 16 millones de euros en subvenciones pesqueras por parte de las Administraciones españolas.
"Es un buen primer paso para luchar contra la pesca pirata. Llevamos tiempo reclamando que se aumenten los esfuerzos contra esta auténtica lacra y el compromiso del Ministerio tiene que ser constante en este sentido", ha declarado la responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace España, Celia Ojeda.
Finalmente, la ONG reclama al Gobierno que publique los detalles de la investigación porque "desenmascarar a las empresas y buques involucrados en operaciones ilegales de pesca puede significar una de las actuaciones más importantes contra la pesca pirata a nivel mundial".