"El borrador prima las cuestiones de control y seguridad en detrimento de las condiciones de vida y derechos de los internos, apenas desarrollados en el Reglamento, e incluso en algunos aspectos claves de la vida de los CIE, el texto supone un retroceso en relación con la situación actual", explican las entidades.
En este sentido, citan las comunicaciones de las personas internadas con el exterior, las visitas, el acceso de organizaciones sociales o la posibilidad de presentar quejas al Juzgado de control del CIE, aspectos en los que a su juicio, la propuesta de Interior retrocede respecto de las condiciones actuales.
"El ministro pretende acallar las críticas a los CIE criminalizando a los extranjeros privados de libertad en estos centros, que serían según Interior delincuentes en su práctica totalidad, y utiliza un término policial 'expulsiones cualificadas', que incluye persones con procesos abiertos sin sentencia o con meros antecedentes policiales, como una multa de tráfico", denuncian estas organizaciones.
A su juicio, "es un perverso discurso porque criminaliza al extranjero y deshumaniza a quien alguna vez en su vida, quizá por sobrevivir, ha cometido algún delito menor". "Es un discurso que además, no creemos, pues, por increíble que parezca en un Estado de Derecho, Interior no publica datos ni del número ni de las razones por las que las personas son retenidas en un CIE", argumentan.
Además, denuncian que el texto no recoge las recomendaciones sobre los CIE emitidas en los últimos años por el Defensor del Pueblo ni la jurisprudencia ya aplicada de los Juzgados de control, extremos a los que se comprometió el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
La Plataforma, que fue convocada hace dos meses por el ministerio para participar en la elaboración del Reglamento y que elevó sus recomendaciones sobre el primer borrador, no entiende por qué en el texto que ahora se ha enviado a los grupos parlamentarios "no se recoge prácticamente ninguna" de sus observaciones.