Fuentes del caso han precisado que a lo largo de esta semana se han llevado a cabo las últimas detenciones, aunque no han descartado que pueda producirse alguna más según disponga el Juzgado de Instrucción número 4 de Almería que coordina esta operación.
En total han sido 26 detenciones las que se han practicado en la provincia de Almería, si bien también se han llevado a cabo diez arrestos más en la provincia de Granada, la mayor parte de ellos de empresarios que tienen vinculaciones con sociedades radicadas en Almería. En esta línea, la UDEF preveía en un principio 35 detenciones vinculadas a compañías almerienses durante esta fase.
La investigación por presuntos delitos de fraude en la obtención de subvenciones, estafa o falsedad documental ha permitido indagar sobre la recepción de subvenciones por parte de 13 sociedades que en un periodo de dos años recibieron más de 4,9 millones de euros en ayudas con cargo a la partida 32D reservada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la financiación de cursos.
Entre los investigados se encuentran personas vinculadas con el Centro de Estudios Andarax y a Sicma Andalucía S.L. que se habrían hecho con ayudas por valor superior a los 1,88 millones de euros mediante dos convocatorias únicamente.
Las últimas cuatro detenciones que han trascendido se practicaron el día 17 a raíz de supuestas irregularidades en la concesión de ayudas a las sociedades Quintaeventos S.L., Aplinfo S.L. y Profesional de Salvamento y Socorrismo S.L., que en su conjunto se han beneficiado de 743.600 euros para impartir cursos, según recoge el BOJA.
La investigación apuntaba en una fase muy indiciaria a 35 personas y 17 mercantiles, entre ellas Ormar Informatic, Inmecamar, y Academia Infosol, propiedad del ya exconcejal del PSOE de Roquetas de Mar Juan Fernando Ortega, quien, tras abandonar la Comisaría, entregó su acta de edil y tramitó su baja de militancia en el partido. Junto a él también fueron detenidos su exmujer, su hija y una profesora. Estas sociedades habrían conseguido gestionar en torno a 624.000 euros de fondos públicos.
Las pesquisas también ha llevado a la detención del concejal de Movilidad y Seguridad de Vícar, José Luis Leseduarte (PSOE), quien se mantiene en el cargo. En su caso, la detención se produjo por su vinculación con el centro de formación 'Indalo', donde el concejal prestó servicios, y que obtuvo en enero de 2010 y 2011 resoluciones por parte del SAE por valor de 172.940 euros.
Otras empresas que se han visto afectadas por esta investigación han sido Abakan SL., Granaforma SL., Hostelería y Formación Indalo e Indalo Formación y Empleo.
Investigación de la fiscalía
El Juzgado de Instrucción número 4 de Almería abrió diligencias previas en junio de 2014 tras la denuncia formulada por la Fiscalía Provincial al estimar que los hechos que resultaron de las indagaciones realizadas por la Brigada Central de Investigación de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF presentaban características que hacían "presumir la posible existencia de infracción penal".
La Fiscalía de Almería pidió que se judicializase la investigación al apreciar, a la espera de una más "depurada valoración jurídica", que los citados informes policiales con respecto a las resoluciones de 20 de enero de 2010 y 26 de enero de 2011 podrían ser constitutivos de supuestos delitos de fraude de subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias.
En su denuncia, solicitó, además de la incoación de diligencias previas, que se oficiase a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF para que realizase "una investigación profunda y detallada de los hechos" en relación a la provincia de Almería.
El Ministerio Público indicaba entonces que lo actuado hasta el momento daba cuenta de "irregularidades" que habrían sido "detectadas" en la obtención de subvenciones "por parte de determinadas personas físicas y empresas" en el marco de los planes de promoción de empleo ejecutados por el SAE".
Remarcaba que "en la mayoría" de los beneficiarios de las subvenciones se producían "graves incumplimientos de los requisitos" que la legislación y señalaba, "como más destacadas", el incumplimiento "generalizado del compromiso de contratación", la práctica de "caza de subvenciones" por parte de algunas empresas, la "falta de solvencia" y "experiencia" en la formación de algunas de esas personas físicas o jurídicas que reciben "la ayuda pública".