El ex subcomisario Almirón era considerado como uno de los jefes militares de la Triple A, que entre 1973 y 1975 cometió alrededor de un millar de asesinatos bajo el Gobierno de María Estela Martínez de Perón y de su ministro de Bienestar Social, José López Rega.
Tras la caída del poderoso López Rega, Almirón huyó con él a España en 1975, donde fue detenido a finales de 2006 con fines de extradición a Argentina.
A su regreso al país, en 2008, fue recluido en el penal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, y encausado por al menos una docena de crímenes, aunque no llegó a declarar y nunca fue condenado porque sufrió una embolia cerebral que obligó a retrasar el proceso.
Su enfermedad le facilitó el beneficio del arresto domiciliario, pero en los últimos meses su familia alegó que no podía hacerse cargo de él y Almirón terminó ingresado en un hospital de Buenos Aires, donde murió el pasado viernes por un agravamiento de su enfermedad, según confirmaron a Efe fuentes judiciales.
Un día antes de su muerte, según las mismas fuentes, el juez que instruye la causa de la Triple A, Norberto Oyarbide, decidió suspender el proceso contra Almirón, porque no estaba en condiciones de ser juzgado.
En la causa judicial contra la organización ultraderechista se considera probado que López Rega fue el "supervisor político" de la Triple A y el ex subcomisario actuó como uno de los responsables de la ejecución de los planes del grupo.
Entre otros crímenes, la justicia argentina lo acusó del asesinato de un bebé de seis meses, del diputado nacional Rodolfo Ortega Peña, y del subjefe de la Policía bonaerense Julio Troxler.
Además de actuar bajo el Gobierno de María Estela Martínez de Perón, la Triple A nutrió las filas paramilitares de la última dictadura militar argentina (1976-1983), cuyo plan de represión política dejó 18.000 desaparecidos según cifras oficiales que organismos humanitarios elevan a 30.000.
La causa judicial contra la organización, en la que la viuda de Perón aparece como principal imputada, se abrió a raíz de una denuncia presentada en 1975, pero se frenó durante la dictadura y los primeros años de la democracia por las leyes de perdón y no fue reabierta hasta 2007, cuando el Gobierno de Néstor Kirchner derogó los indultos concedidos a represores implicados en crímenes de lesa humanidad.
En la causa está imputado también el ex policía Miguel Ángel Rovira, que fue custodio de López Rega, huyó con él a España en 1975 y se entregó a la Justicia argentina en enero de 2007, y los fallecidos Juan Ramón Morales y Felipe Romeo.
Morales, ex comisario, suegro de Almirón y custodio personal de López Rega, murió en agosto de 2007, a los 88 años mientras cumplía arresto domiciliario.
Romeo, fallecido el pasado abril, estaba considerado uno de los ideólogos de la banda, dirigió la revista El caudillo, cuyo lema fue "el mejor enemigo es el enemigo muerto", se declaraba "fanático" de Adolfo Hitler y "admirador" de La Legión española.
Felipe Romeo fue socio del fallecido ex general Ramón Camps, uno de los mayores represores de la dictadura, con quien creó la desaparecida editorial Roca, acrónimo con las dos primeras letras de los apellidos de sus dueños.