Por ello, estos grupos han preguntado a Planas si este proyecto representa la "nueva" política urbanística y de conservación del litoral de la Junta de Andalucía.
En este sentido, y a través de un comunicado, estas organizaciones han recordado que en las directrices presentadas por el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, precisamente, se subraya que "dada la situación actual", tienen que "dimensionar el urbanismo a las necesidades reales para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna para todos los ciudadanos, desclasificar las bolsas de suelo urbanizable hipertrofiadas por la burbuja inmobiliaria para acabar así de una vez con los activos tóxicos, y garantizar la conservación de la totalidad del litoral que queda sin construir, preservando sus valiosos recursos naturales, en lo que Andalucía es líder indiscutible a nivel europeo".
Así, han solicitado al consejero, mediante un escrito, la paralización del Plan Parcial Valdevaqueros y que "su promesa" de adaptar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Tarifa a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) se lleve a cabo "con máxima diligencia".
Igualmente, las organizaciones ecologistas y sociales esperan que las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, asegurando que la Junta de Andalucía tiene decidido "concretar unas exigencias medioambientales que todo el mundo demanda", establezcan un punto de inflexión en las políticas urbanísticas del litoral andaluz.
Entienden que la "macrourbanización", aprobada por el Ayuntamiento de Tarifa, afectaría a una zona "de altísimo valor ecológico" del Parque Natural del Estrecho, declarado por la Unión Europea Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) dentro de la red Natura 2000, además de estar próxima al Parque Natural de Los Alcornocales, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, aprobada por la Unesco.
Además, aseguran que este proyecto "nunca se sometió a un estudio de impacto ambiental", como establece la Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, "a pesar de afectar a espacios protegidos tanto por la legislación andaluza, nacional como comunitaria".