La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander va a presentar este jueves en la sede del PP de Cantabria una carta dirigida a los cuatro diputados nacionales de este partido solicitándoles que acudan a una de sus asambleas para conocer "de primera mano" el problema de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios por impago de hipotecas, en lo que constituye la primera fase de la polémica campaña de 'escrache' emprendida por la PAH a nivel nacional.
Los representantes de la PAH de Santander han anunciado esta acción tras acompañar a tres afectados por procedimientos de ejecución hipotecaria que han solicitado este jueves en los juzgados de Santander la nulidad de dichos procesos, de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 14 de marzo que declara ilegal el procedimiento español de ejecución hipotecaria.
Estas solicitudes de nulidad se han formulado a través de un escrito tipo elaborado por el equipo jurídico de la PAH, en el que se señala que la regulación española "supone una violación de los principios de legalidad y seguridad jurídica, del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a la defensa".
La PAH solicita que se paralicen y anulen todos los procedimientos que se están tramitando en los Juzgados en base a una normativa "ilegal", que "no permite la defensa del ejecutado por ninguna vía" y que "viola los derechos humanos".
El portavoz de la plataforma de Santander, Oscar Manteca, ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación, en la entrada del complejo judicial de Las Salesas, que los procedimientos de ejecución hipotecaria "no se deben aplicar hasta que no haya seguridad jurídica" y hasta que se apruebe una reforma de la ley que esté "totalmente de acuerdo" con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Asimismo, subrayó que todas las ejecuciones hipotecarias realizadas desde 1993 hasta 2013 "son ilegales" y reivindicó que las personas afectadas "han de ser resarcidas". Al respecto, señaló que "la justicia y el principio de legalidad deben amparar a todos, no debe ser algo relativo, aunque en este país normalmente lo es", dijo.
Las viviendas de dos de los afectados que han solicitado este jueves la nulidad de sus respectivos procedimientos de ejecución hipotecaria ya han sido subastadas. Uno de ellos tenía orden de desahucio pero fue suspendida temporalmente en enero de acuerdo a la moratoria del Real Decreto de noviembre. El otro es nicaraguense, y la tercera afectada es una mujer sudamericana cuyo procedimiento de ejecución hipotecaria se encuentra "en las primeras fases".
Manteca destacó que estas tres personas no tienen abogado ni procurador, por lo que tienen que ser ellos mismos, con el apoyo de la plataforma, quienes presenten los escritos de nulidad en los juzgados de primera instancia.
CAMPAÑA DE ESCRACHE
Después de Las Salesas, los miembros de la PAH se han desplazado hasta la sede del PP, sita en la calle Joaquín Costa de El Sardinero, para entregar una carta dirigida a los cuatro diputados nacionales por Cantabria de este partido -Ana Madrazo, María Jesús Susinos, José María Alonso y Javier Puente-, a los que "invitan" a asistir a una de las asambleas de la plataforma en Santander o Torrelavega.
La presentación de esta carta supone el inicio en Cantabria de la polémica campaña de escrache que la PAH ha puesto en marcha a nivel nacional bajo el lema 'Hay vidas en juego'.
En ella, la PAH pide a los parlamentarios nacionales del PP cántabro que no voten a favor de las enmiendas de su partido a la iniciativa legislativa popular por la dación en pago, la paralización de desahucios y el alquiler social, y que apoyen la IPL en los términos en los que se ha tramitado.
La PAH "quiere reunirse" con los representantes del PP de Cantabria en el Congreso, para que "conozcan de primera mano y directamente el problema de las personas, y que no se encierren en esa burbuja de los políticos en la que lo que les sucede a los ciudadanos ni les importa ni les preocupa".
"Queremos que vengan a la asamblea de afectados, sin medios de comunicación, porque consideramos que es una cosa personal, y si no, los afectados irán a hacer una asamblea donde estén ellos, a contarles sus casos y a contar a todo el mundo que no quieren apoyar la IPL que ha sido firmada por más de 1,4 millones de españoles", declaró el portavoz de la plataforma.