Las patronales de la enseñanza concertada se han mostrado dispuestas a rebajarse en un 2 por ciento la financiación que reciben del Gobierno de Navarra para los gastos de funcionamiento ordinario y del personal de administración con la finalidad de evitar el despido de 150 profesores en su red.
En una rueda de prensa que han ofrecido este viernes, la Asociación Navarra Educación y Gestión, que engloba a las escuelas católicas, a la Federación Navarra de Ikastolas, a la Asociación Navarra de Centros de Enseñanza y a UECOE Navarra-Instituto Cuatro Vientos, se ha mostrado contraria al aumento de dos horas en la jornada lectiva de los docentes, lo que supondría el despido de unos 150 profesores, y frente a ello ha planteado buscar alternativas que permitan al Gobierno de Navarra ahorrar el mismo dinero evitando despidos.
Así, se han mostrado dispuestos a rebajar la financiación de la partida de 'Otros gastos' que reciben del Gobierno, para gastos de funcionamiento ordinario y del personal de administración y servicios, en un 2 por ciento, según ha explicado el portavoz de las patronales, Iñaki Iraizoz.
Junto con esta rebaja, la alternativa a los despidos pasaría también por que el profesorado se bajara los salarios un 2 por ciento, lo que para un profesor con dedicación al cien por cien y sin antigüedad supondría entre 35 y 40 euros.
Sin embargo, según han señalado estas patronales, es necesaria también la conformidad de los sindicatos para que esta alternativa salga adelante y han mostrado su "sorpresa y perplejidad" porque, salvo CC.OO., el resto de sindicatos no apuesten por esta vía que evitaría despidos.
"Nuestra apuesta es por el empleo y la solidaridad, y desearíamos que los sindicatos Sepna, que es el mayoritario en la concertada, UGT, ELA y LAB dieran prioridad también a la salvaguarda de los puestos de trabajo, en un momento crítico que exige una actitud responsable y solidaria y estar a la altura de las circunstancias", han indicado.
En esta línea, han rechazado "los planteamientos teóricos de algunos sindicatos cuyas únicas propuestas, legítimas y que podemos incluso compartir, son resaltar la inconstitucionalidad del decreto, negarse a empeorar condiciones de los trabajadores para mantener puestos de trabajo, o que se supriman partidas de otros departamentos del Gobierno".
Según han defendido, "nuestro ámbito es el educativo, y dentro del escaso margen que da el departamento de Educación, ahí es donde queremos buscar una solución práctica al drama terrible que puede suponer para 150 familias verse abocadas al paro de posible larga duración, vistas las circunstancias actuales".