Un total de 38.000 personas en situación de dependencia fallecieron durante 2017 sin haber recibido las prestaciones o servicios a los que tenían derecho, según el XVIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia, que además alerta de que diariamente murieron más de 100 personas en esta situación.
Este Observatorio señala que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha mejorado los parámetros de personas atendidas y ha reducido la lista de espera, aunque "en gran medida, a base de servicios de bajo coste dirigidos fundamentalmente a los dependientes 'moderados' con Grado I".
Así, 1.264.951 personas tenían reconocida su situación de dependencia al finalizar 2017, 51.018 más que el año anterior. De esta cifra, 954.831 personas estaban siendo atendidas en el Sistema, 89.267 más que un año antes. Por sectores, el 65 por ciento de estas personas son mujeres; el 72,2% son pensionistas, y más de la mitad (54,6%) tienen más de 80 años.
A pesar de que 2017 finalizó con menos personas pendientes de recibir una prestación en relación a 2016, esta cifra se situó en los 310.120 sujetos.
Con estos datos, la organización reitera que, a este ritmo, se tardaría “más de cuatro años en atender la actual lista de espera” y advierte de que es “especialmente preocupante” que casi cuatro de cada diez personas desatendidas (120.000 personas), son dependientes 'severos' y 'grandes dependientes'.
“Las personas con más necesidades de atención son las que menos han visto reducir su lista de espera, lo que evidencia que las comunidades autónomas han optado por atender a aquellos que pueden reducir la lista de espera con menores costes para el Sistema y con servicios de bajo coste”, advierten los autores del informe.
El documento también pone de relieve que, “un año más”, el gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley, que establece la división de pagos al 50%. De esta manera, asegura que el Estado aporta el 20% del gasto público y las comunidades autónomas el 80% restante.
SUSPENDEN DIEZ COMUNIDADES AUTÓNOMAS
En una escala de cero a diez, las comunidades autónomas que obtienen peores resultados a nivel global son Cataluña (2,5), Baleares (2,14), y Canarias (1,8). Los primeros puestos los ocupan Castilla y León (9,3), Castilla-La Mancha (8,2) y Andalucía (6,4). Los autores del informe alertan de que algunas autonomías “van a tener muy difícil recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y una inyección financiera específica”.