Las nuevas ideas se basan en conceptos alejados de las posiciones actuales de erradicación y prohibición y proponen dos alternativas: comprar la cosecha entera de opio afgano y legalizar el cultivo para producir morfina y codeína utilizables en tratamientos contra el dolor.
En los ocho años que siguieron al derrocamiento del régimen talibán, Afganistán pasó de estar virtualmente libre de la amapola a producir 7.700 toneladas en 2008 (un 92 por ciento mundial), valoradas en 3.000 millones de dólares.
En el mundo se calcula que existen 16 millones de usuarios de derivados del opio, un negocio que mueve 57.000 millones de dólares, pero de los que sólo 2.000 millones llegan a los campesinos afganos.
Ese dinero está vinculado al hecho de que el país asiático sea uno de los más corruptos del planeta y que los insurgentes logren con este negocio hasta 500 millones anuales para financiar su lucha contra el Gobierno afgano y la OTAN, según la ONU.
Hasta ahora, sólo el gasto militar estadounidense en el país centroasiático ha supuesto una factura de 200.000 millones de dólares y las labores de erradicación, con poco éxito por el momento, ascienden a mil millones de dólares anuales.
Richard Holbrooke -nuevo enviado del presidente estadounidense, Barack Obama, a Afganistán y Pakistán- calificó en 2008 el gasto millonario en la supresión de los cultivos de adormidera como "la política más ineficaz en la historia de la acción exterior norteamericana".
La primera de las propuestas, que ha causado un gran debate en Estados Unidos con artículos a favor y en contra en "The New York Times" y "The Washington Post", proviene de James Nathan, ex funcionario del Departamento de Estado y profesor de política en la Universidad de Auburn (EEUU).
En un estudio propuso que la compra de toda la cosecha afgana costaría un máximo de 2.500 millones de dólares, lo que cortaría de tajo a los talibán su principal fuente de financiación y secaría el pozo de la corrupción en el país.
Esa medida iría acompañada de otras como facilitar créditos para abonos y semillas para los agricultores, que, según sus estudios, sienten una gran aversión a plantar opio, debido a sus convicciones musulmanas.
"La gente plantaría otras cosas si pudieran y si generasen lo suficiente para vivir", explicó Nathan a Efe, reconociendo que en caso de aplicarse su proyecto los campos de opio podrían crecer atraídos por el dinero.
Matizó que "el éxito no llegaría en un año. Dependería del desarrollo rural y de unas mejores condiciones de seguridad".
El opio comprado se guardaría para ser empleado como analgésico, en caso de algún gran desastre en el planeta.
La otra propuesta proviene del londinense International Council on Security and Development (ICSD), que pretende que Afganistán consiga licencias para plantar opio de forma legal, como ya hace Turquía desde 1974.
Turquía fue hasta entonces, especialmente en la década de los 60 y principios de los 70, un quebradero de cabeza para EEUU porque de allí provenía el 80 por ciento de la heroína que se consumía en el país.
Medio millón de campesinos turcos viven ahora de plantar opio de forma legal para tratamientos contra el dolor a escala global.
El ICSD siempre saca a colación la experiencia turca para solicitar el mismo trato con Afganistán.
Además de acabar con el mercado ilegal de opio y con la financiación talibán, la morfina se emplearía para facilitar tratamientos contra el dolor, de los que se carece en 150 países, según la ONU.
Recientemente, las Naciones Unidas cifraron en 86 millones las personas que sufren enfermedades con dolencias crónicas o severas sin ningún tipo de paliativo, entre ellas seis millones de pacientes terminales de cáncer y sida, la inmensa mayoría en países en desarrollo.
La ONG Human Right Watch solicitó a la ONU, con poco éxito, que en la reunión de Viena no se preste atención exclusiva a las medidas para luchar contra el tráfico de drogas, sino también a reflexionar sobre cómo hacer llegar esas medicinas a los más necesitados, que son, además, los más pobres.