La Delegación del Gobierno en Cataluña envió la semana pasada una carta a los directores de casi 3.700 centros públicos catalanes pidiéndoles no "contravenir" las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) el próximo 9 de noviembre.
En un comunicado, la Muce ha asegurado que Cataluña es una nación y puede ejercer su derecho a decidir, y ha considerado que la carta es una "verdadera persecución política del derecho de participación democrática" de la comunidad educativa.
Ha afirmado que Llanos de Luna ha ejercido una "potestad al margen de la ley" cuando pretendía establecer unas instrucciones gubernativas que no le eran propias, y ha instado al Govern a asumir plenamente su responsabilidad en el proceso participativo y disponer de los instrumentos jurídicos necesarios para la cobertura legal de centros y voluntarios.
Por ello, ha pedido la dimisión de la delegada por la "reiterada e injustificada profusión de amenazas" contra los centros educativos y crear un clima intimidante contra los centros, y se reservan el ejercicio de acciones penales y civiles que puedan corresponder.