"El sistema actual de protección de rentas presenta una baja y desigual intensidad protectora en España. Entre otros problemas, existe una concentración de buena parte del presupuesto en una comunidad autónoma y una distribución desigual de los restantes recursos entre las demás", ha explicado.
La propuesta del colectivo se enmarca dentro de sus aportaciones a la elaboración del Plan Nacional de Reformas (PNR) 2015 y, con ella, pretende facilitar la reincorporación al mercado de trabajo de las personas en situación de precariedad laboral o desempleo, según ha explicado.
Además, subraya la necesidad de hacer compatibles estas prestaciones con los empleos temporales o a tiempo parcial, y pide que no se contabilicen las pensiones de alimentos de los menores a cargo de familias monoparentales a la hora de calcular las ayudas.
En este sentido, señala también que las cuantías medias que actualmente se entregan a las familias como parte de estos programas de ayudas "están por debajo del umbral de la pobreza" y resultan "insuficientes para mantener una vida digna en la mayoría de los territorios"; que el acceso a las mismas resulta "confuso", "excluyente"; y que los recursos que destinan los distintos niveles de la administración son incompatibles "en la mayoría de las prestaciones". "Existe una marcada heterogeneidad de enfoques y criterios en las 17 leyes autonómicas y con la normativa de la Seguridad Social", lamenta.
La plataforma asegura que la propuesta se enmarca dentro de las recomendaciones de la UE y subraya la situación de "extrema gravedad social por la que atraviesa el país" y para poner de manifiesto la necesidad de poner en marcha "medidas que consigan paliar la situación de los 13 millones de personas que viven en riesgo de exclusión", según la asociación. "Es necesario poner en marcha un Plan de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social", ha urgido.
Por otra parte, de cara a las elecciones autonómicas, ha remitido una batería de medidas a los grupos políticos entre las que figura la petición de que asuman como propio el compromiso de aprobar la renta básica en cada comunidad autónoma como derecho subjetivo y que estas administraciones aporten "dotación suficiente y gestión eficiente" para que las personas en situación de exclusión social puedan "mantener unas condiciones mínimas de participación, acceso a bienes básicos y desarrollo humano".