Rilles Melgar, de 33 años, que sufrió la amputación del brazo izquierdo el pasado 28 de mayo, estaba empleado de forma ilegal y trabajaba doce horas al día por un salario de 700 euros al mes.
El trabajador acudió hoy al juzgado de la localidad española de Gandía, en Valencia, donde reside, acompañado de su abogada y del cónsul de Bolivia en la región, Mario Touchard.
El joven aseguró que ratificó ante el magistrado en sus declaraciones iniciales, y reiteró que uno de los dueños de la fábrica de pan le trasladó al hospital y le dejó "fuera" del centro.
Rilles Melgar sostiene que, cuando era trasladado al hospital, el empresario le dijo que "no comentara que había sido un accidente laboral", y que "si preguntaban algo dijera que había sido un accidente".
Del mismo modo, mantiene que los empresarios no se pusieron en contacto con él durante el tiempo que estuvo ingresado.
Respecto a las circunstancias en las que se produjo el accidente, el trabajador manifestó que la máquina "tenía muchos fallos", y negó que los empleados manipularan por su cuenta las maquinas, ya que "siempre se hacía por indicación de los empresarios".
Otras tres personas, también de origen boliviano, trabajaban junto a él en la panificadora de forma ilegal, según Rilles, que espera recibir una indemnización, porque "no sé qué podré hacer con un brazo".