"Desde UPyD estamos a favor de la adopción de cualquier iniciativa que favorezca el sector de las personas con discapacidad, si bien hay que hacer algunas objeciones a esta iniciativa, que hacen que lejos de una decisión fácil, ésta sea una decisión difícil, pues como decíamos, ni desde el Gobierno, ni desde los gobiernos autonómicos, se ha trabajado realmente una mejora de la Ley de Dependencia", señala la formación que lidera Rosa Díez.
Es más, lamentan que el hecho de que la competencia para la aplicación y gestión de la Ley de Dependencia dependa de cada comunidad autónoma, así como la ausencia de un soporte mínimo por parte del Estado. En su opiníon, esta situación ha ocasionado una "tremenda" desigualdad entre los ciudadanos españoles en función del lugar de residencia, a la vez que un "fracaso" en el nivel de cobertura, por la falta de dotaciones presupuestarias y de medios.
A su juicio, más que realizar un estudio, como propone el PP, las comunidades autónomas deberían informar del desarrollo y de las carencias de la norma, además de que debería conformarse un pacto entre las formaciones políticas para reformar la legislación en vigor, empezando por transferir al Estado el 100% de la competencia en dependencia.
EL RESTO DE LA OPOSICIÓN
Por su parte, el PSOE y CiU presentarán sendas enmiendas al texto presentado por los 'populares'. La portavoz del PSOE de Servicios Sociales, María Luisa Carcedo, reclamará en su enmienda más concreción en la evaluación que quiere hacer el PP, además de que se tenga en cuenta cuál ha sido "el impacto" del decreto de 2012, así como los copagos.
Desde CiU, su portavoz en la materia, Carles Campuzano, pedirá que se revise el modelo de financiación de la dependencia para garantizar "la suficiencia" del sistema. "No puede ser que el 80% del gasto sea soportado por las comunidades autónomas", declara a Europa Press.
En la iniciativa, los 'populares' recuerdan que, con la inclusión de los dependientes moderados, la ley ya llevará nueve años en vigor "y se habrá cumplido el calendario establecido en la disposición final primera".
Así, el PP insta al Gobierno en su iniciativa a realizar un estudio sobre lo que ha supuesto el desarrollo de la Ley, una vez finalizado su periodo de implantación, con el objeto de que sus conclusiones sienten las bases para modificar aquellos aspectos que se evidencien como mejorables y poder sentar las bases de trabajo posterior, de acuerdo con el resto de grupos políticos y agentes involucrados
A su juicio, esta norma supuso un "paso fundamental" en la atención de las personas dependientes y un avance del Estado social consagrado en la Constitución Española. "Con esta ley se estableció un derecho subjetivo que se fundamenta en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad; y que permite a las personas dependientes acceder a las prestaciones y servicios establecidos en la ley", agrega.
Según recuerda el PP, la citada ley fue aprobada por la mayoría de fuerzas políticas de esta Cámara a excepción de los grupos nacionalistas.
"Se alcanzó un alto grado de consenso en un tema que nos concierne y preocupa a todos, y que supone una mejora evidente en la atención y en la calidad de vida de personas que no se pueden valer por sí mismas, así como de los servicios sociales", añade, al tiempo que precisa que, en la actualidad hay 743.767 beneficiarios.