El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de La Rioja, Carlos Cuevas, ha informado hoy en rueda de prensa del contenido de la proposición, con la que se persigue, ha dicho, "el bienestar de los riojanos".
"El PP no está pensando en culos para ocupar sillas", ha señalado en relación a la reducción de diputados que, según sus datos, supondrá una Cámara más "eficiente" y un millón de euros más barata al año (también porque supondrá reducción de personal).
Cuevas ha relatado cómo el objetivo de los 'populares' con esta reforma (que deberá ser aprobada por dos tercios del Parlamento y, después, por el Congreso de los Diputados) es "adecuar" el Parlamento riojano a la "coyuntura actual".
Bajo esta premisa ha explicado la reducción de 33 a 25 en el número de diputados. Un número con la que será, ha dicho, "una Cámara mejor y más eficiente", además de que "cumplirá mejor sus funciones".
Con respecto a la situación de los grupos políticos, ha asegurado que "ninguno" de los que, hasta ahora, han obtenido representación parlamentaria la habrían perdido en ninguna de las elecciones que se han desarrollado en la democracia.
Si bajarían en número. Cuevas ha señalado que el PP será el que mayor número pierda. Y preguntado por el Partido Riojano, que perderá uno pero el cincuenta por ciento de su representación actual, ha dicho: "y qué nos importa que un partido tenga uno o dos si los ciudadanos que les han votado están representados".
MANDATO EN OCHO AÑOS
"Una forma de servir mejor es hacer más eficientes las instituciones", ha insistido Cuevas, quien ha considerado que "ha llegado la hora de la verdad, la de los políticos que piensan en la ciudad y no en ellos mismos o en una casta".
La propuesta 'popular', además, establece en ocho años (dos legislaturas) el máximo que puede estar un presidente en el poder. En el caso del actual, Sanz, que lleva dieciocho años, los ocho empezarían ahora, ya que la reforma especifica que "no conmutarán" los ejercidos anteriores.
Otros cambios que introduce la propuesta del PP apuntan a que el Parlamento pueda delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley. Además, se limita el máximo de consejeros a diez (ahora hay siete); y los senadores autonómicos no sean diputados.