"Estamos en una situación de toma del barco preventiva", ha relatado Óscar Camps, de la ONG Proactiva en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, y ha añadido que prevén que se les acuse de un delito por fomentar la migración ilegal al haber trasladado al grupo de inmigrantes desde aguas libias hasta territorio italiano. Tres son los tripulantes acusados, entre ellos el capitán Marc Reig, y podrían enfrentarse a penas de cárcel de entre tres y cuatro años.
"Hicimos la intervención en el mar y, una vez rescatados, pusimos rumbo al norte, hacia Italia, como hacemos siempre, e Italia no nos permitió la entrada" y obligó a que España tuviera que solicitar la entrada del barco a un puerto italiano.
"Nos trasladaron a un protocolo que no se había usado nunca", han lamentado desde la ONG Proactiva, por lo que tuvieron que contactar con el Ministerio de Asuntos Exteriores español y explicar que tenían una situación grave a bordo para que realizara el trámite.
"Hemos sido víctimas en aguas internacionales de una amenaza, de un ataque y de un abordaje", ha lamentado el fundados de la ONG.
Camps ha dicho estar sorprendido porque se les tache de grupo criminal por el rescate y traslado de personas del mar y ha criticado que la acusación la lleve a cabo el fiscal de Sicilia: "Siempre viene todo del mismo lugar".
Ha recordado que cada vez hay menos organizaciones trabajando en el rescate de personas en el Mediterráneo y que el suyo no es la primera embarcación retenida en Italia.
A LA ESPERA DE TRADUCTOR
Según ha detallado, autoridades italianas les mostraron una documentación para que la firmaran pero se negaron a hacerlo porque sólo la presentaron en italiano, y esperan que se les facilite el texto traducido o un traductor.
"Decidimos no firmar la documentación hasta que se nos tradujera", e intuyen que se trata del documento de acusación por el que se encuentran retenidos.
La noche del domingo a este lunes Camps ya expuso en su cuenta de Twitter que la incautación del barco podía darse por una acusación "de asociación criminal y fomentar la inmigración ilegal por desobedecer a los libios al no entregarles mujeres y niños".
Open Arms se encontró con una patrulla libia que exigió que les entregaran a los rescatados, a lo que la ONG de origen catalán se negó y puso rumbo hacia aguas internacionales.
Camps esgrimió entonces que proteger vidas humanas debe ser una prioridad de cualquier cuerpo --civil o militar-- y que así lo estipula el derecho, y que entregar a los rescatados a Libia "equivale a llevar una devolución en caliente", lo que contraviene el Estatuto de los Refugiados de la ONU.