El Grupo Socialista ha registrado este jueves en el Congreso dos proposiciones no de ley, "encaminadas al rescate de personas", cuyo objetivo es urgir al Gobierno a garantizar un suministro energético y de agua mínimos para quienes menos tienen, de forma que se eviten cortes tanto de energía como de agua en todos los hogares españoles, y así todas las familias puedan vivir "dignamente".
Los encargados de registrar las iniciativas en el Congreso han sido la secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, responsable de la proposición no de ley contra la pobreza energética, así como el portavoz adjunto de Economía del PSOE en la Cámara Baja, Antonio Hurtado, que lidera la propuesta contra la "pobreza hídrica". Ambas han sido presentadas para su debate en el Pleno de la Cámara.
SIETE MILLONES DE PERSONAS SUFREN POBREZA ENERGÉTICA
Así, la secretaria de Cambio Climático del PSOE, Pilar Lucio, ha recordado que el PP rechazó el pasado octubre en el Congreso una proposición de ley para combatir la pobreza energética que sufren más de siete millones de personas en el país, según ha precisado.
"Es una emergencia tomar medidas y que ninguna familia pase por ese trance de tener que apagar la calefacción. Una de cada cinco personas del país vive bajo umbral de pobreza y de éstas, dos millones de personas son niños", ha lamentado Lucio.
En la iniciativa socialista se insta así al Gobierno a regular la pobreza energética y que todas las personas vulnerables y que no dispongan de rentas suficientes tengan acceso a la energía, y apoyar que no haya ninguna familia que tenga esa problemática y "vivan con dignidad".
En concreto, el PSOE plantea que las personas en situación de pobreza energética se les garantice el derecho a acceder al suministro eléctrico y demás suministros necesarios para la satisfacción de un régimen térmico adecuado en su vivienda y a precios asequibles según sus ingresos, así como a no ver interrumpidos los suministros energéticos cuando demuestren encontrarse en esta situación.
Además, quiere que se apruebe una estrategia nacional de erradicación de la pobreza energética que, entre otros puntos, prime la eficiencia energética en hogares, fomente el autoconsumo o impulse las energías renovables.
EL BONO SOCIAL ES "INSUFICIENTE"
Esta proposición no de ley, en su argumentación, resalta cómo las características del bono social, hoy reguladas, se han demostrado "insuficientes" para ofrecer las garantías de acceso a todos los usuarios. De hecho, dice que este bono financia a colectivos que "hoy no están en situación de vulnerabilidad por ingresos".
"Además, la deficiente regulación conduce a que, mientras aumentan las personas y hogares vulnerables, disminuyen las cifras de los acogidos al bono social", apostilla. En este punto, Lucio ha criticado que el Gobierno haya dejado de lado las políticas de eficiencia energética. A su juicio, la mayor prueba de ello es la factura de la luz, que ha subido pese a las promesas del ministro de Industria, José Manuel Soria.
Además, Lucio ha manifestado su intención de que esta propuesta de garantizar el suministro energético mínimo a los más vulnerables no sea estacional, que no sólo sea válida para el invierno, al mismo tiempo que defiende que debe costearse a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Preguntada por el calor que hace en las instalaciones del Congreso en las que se encontraba, la socialista lo ha relacionado con el hecho de que el Gobierno no prime en general las políticas de eficiencia energética y por tanto, en el Congreso, no se adopten ese tipo de medidas. "Por tanto ni siquiera en esta casa se toman medidas para evitar este calor tan acuciante", ha apostillado.
HAY QUE COMBATIR LA POBREZA HÍDRICA
Por su parte, Antonio Hurtado, ha defendido una proposición no de ley contra el "desahucio hídrico" que implica el corte en el suministro de agua potable a muchos hogares, un tipo de "desahucio invisible y que en muchos casos se oculta porque afecta a la dignidad de las personas".
Se estima que aproximadamente hay 300.000 cortes de suministros de agua potable al año y se han multiplicado por cinco las familias y hogares sin suministro de agua en estos últimos años, ha precisado Hurtado, un aspecto que, en su opinión, afecta directamente a la dignidad de las personas.
En este punto ha avisado de que muchos ayuntamientos han privatizado los suministros de agua y por tanto no hay impedimento alguno a la hora de cortar el agua. Al mismo tiempo, la iniciativa relata cómo en algunos ayuntamientos se han creado fondos sociales para pagar el suministro de agua en familias sin recursos, unas medidas "voluntaristas", que sólo "son paliativas" y que no resuelven el problema.
Hurtado sostiene que la iniciativa va en consonancia con lo que ya ha requerido el Parlamento Europeo y Naciones Unidas, un mínimo vital de suministro de agua potable en el país, que según especialistas, se cuantifica en torno a los 100 litros por persona al día. "Debe garantizarse a través de las administraciones públicas para todos los hogares, independientemente de que se pueda pagar o no", ha defendido.
"Debe de ir unido a políticas de mejora de la eficacia y eficiencia en el suministro de la gestión del agua. Incluso hacemos una propuesta de crear una agencia técnica que valore y mejore sustancialmente el suministro del agua para suministrar también ahorros que pueden sufragar parte del coste de ese mínimo vital", ha subrayado.
Con ello, la proposición no de ley del PSOE insta al Ejecutivo a reconocer el derecho al agua y al saneamiento, de conformidad con las recomendaciones de la ONU, así como determinar ese mínimo vital de abastecimiento de agua para todos los hogares, definir en la Comisión Nacional de Administración Local los recursos económicos que requería la implantación de esta medida y su financiación.
Asimismo, quiere que se aborden los cambios normativos necesarios para la definición e implantación de ese nivel mínimo de abastecimiento, se promuevan medidas de eficiencia en el consumo de agua, y se establezcan las bases para la creación de un centro o agencia técnica del agua urbana, de carácter público, con capacidad de definir criterios homogéneos en la gestión del ciclo del agua, en la determinación de tarifas, entre otros puntos.